La zona roja, un tema lejos de lograr consenso

La creación de una zona de convivencia donde se pueda ejercer la prostitución sin perjudicar a vecinos, continúa generando posturas encontradas. La discusión se presenta en cada uno de los contextos donde se aborda el tema.
Lo fue en el primer plenario que se desarrolló la semana pasada en el Concejo Deliberante con algunos cruces con residentes del barrio Hernando de Lerma y también en la sesión del miércoles pasado, entre los mismos ediles.
Buscar una solución al respecto es el sentimiento compartido por varios, pero hasta el momento el consenso está lejos de concretarse.
“Crear una zona de convivencia no es la solución, eso significa trasladar el problema que hoy tienen los vecinos de barrio Hernando de Lerma a otro lugar. Antes que nada hay que convocar a todos los sectores involucrados”, le dijo ayer a El Tribuno, la concejal Angela Di Bez.
La edil adelantó que se convocará para dentro de dos semanas, un nuevo plenario en el que participarían concejales, diputados, senadores y funcionarios provinciales.
“Es necesario que nos juntemos todos, concejales, diputados y senadores con el ministro de Seguridad, jefe de policía, representantes de la comunidad trans e inclusive de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y busquemos una solución. No podemos legislar en falso”, aseguró Di Bez.Con la intención de brindar una respuesta satisfactoria tanto para las trabajadoras sexuales como para los residentes de la barriada, la espera continúa. Uno de los pocos puntos en común entre las partes radica en que las mujeres trans no quieren permanecer en barrio Hernando de Lerma y los vecinos del lugar tampoco quieren que estén.
Prostitución o trabajo sexual
El debate por la creación de una zona roja se extiende en algunos casos hacia la necesidad de considerar a la prostitución como un trabajo sexual.
“Es necesario brindarle un marco legal al trabajo sexual y no considerarlo prostitución. Quienes lo ejerzan tendrán los beneficios de cualquier otro trabajador, como ser el acceder a una obra social y los aportes correspondientes. Hay que respetar las chicas que quieren seguir ejerciendo”, explicó Liliana Mazzone.
EL TRIBUNO