Nena Wichí: Analizan el pedido de jury para Cazón y Astigueta

Locales Pacifico

Desde las 9 se comenzará a analizar el pedido contra el juez de Garantías de Segunda Nominación de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, y el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, por su desempeño en la causa de la niña wichí de 12 años violada en el norte salteño. .La solicitud de jury la planteó el juez de la Corte de Justicia salteña Abel Cornejo, junto una serie de pruebas, y será analizada por un jurado integrado por el titular del máximo tribunal, un magistrado elegido por sus pares y dos diputados y dos senadores, -uno por la mayoría y otro por la primera minoría-, a propuesta de los respectivos bloques de cada Cámara. A ellos se suman el fiscal de Estado; un abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados y otro designado por la de Senadores.

El hecho ocurrió en noviembre pasado en el paraje Alto La Sierra del departamento Rivadavia, a 80 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, en el extremo norte salteño, donde los padres hallaron a la nena desvanecida y denunciaron una violación múltiple cometida por ocho hombres, entre ellos tres adolescentes.

Al iniciar la investigación, el fiscal Cazón pidió la detención de los cinco acusados mayores de edad, pero al tiempo fueron liberados por falta de pruebas, aunque debían cumplir una serie de reglas fijadas por el juez, hasta la finalización del proceso. A fines del mes pasado, cuando por la intervención de miembros de la Cámara de Diputados de Salta se supo que la niña estaba embarazada, y los medios de comunicación se hicieron eco del caso, el fiscal volvió a pedir la detención de los cinco hombres, pero el juez la denegó.

Mariscal Astigueta sólo ordenó la detención de uno de ellos, identificado como Jorge Gabriel Salas, por desobediencia a la autoridad pues no se presentó ante las autoridades de la dependencia policial del paraje Alto la Sierra, tal como le había sido impuesto. La niña fue revisada, derivada a Tartagal y de allí al hospital Materno Infantil de la capital provincial, donde se decidió la interrupción del embarazo, que llevaba 34 semanas, debido a que el bebé presentaba anencefalia, una malformación craneana genética que hace inviable la vida fuera del seno materno. Tras el pedido de jury, Astigueta ordenó la detención del resto de los acusados mayores de edad, de los cuales aprehendieron a cuatro pudieron y uno sigue está prófugo.

La semana pasada Cazón fue apartado de la causa por decisión del procurador general de la provincia, Pablo López Viñals, quien lo reemplazó por el fiscal de Tartagal, Pablo Cabot, que actúa junto a su colega penal la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

Fuente: Diario Punto Uno