El valor del gas será el que regía en marzo

Locales Pacifico

El Gobierno retrotrajo las tarifas residenciales al 31 de marzo, tal como lo estableció la Corte Suprema, y ordenó a las distribuidoras la refacturación de las boletas con la posibilidad de pagar hasta en cuatro cuotas. Industrias y comercios tendrán un tope de suba de hasta el 500%. La CAME presentó un amparo. Preparativos para la audiencia pública

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional retrotrajo ayer las tarifas residenciales del gas a los valores vigentes al 31 de marzo pasado, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia, ordenó a las distribuidoras la refacturación de las boletas con la posibilidad de pagar hasta en cuatro cuotas, y fijó que las industrias y los comercios tendrán un tope de suba de hasta un 500% respecto a lo pagado en igual período del año pasado.

Para la jornada de ayer se esperaba la palabra del ministro Energía, Juan José Aranguren, en el Consejo de las Américas, pero a último momento desistió de asistir al encuentro con el argumento del tiempo de trabajo que le demanda la tarea de definir la adecuación tarifaria que el Gobierno deberá presentar para ser analizada en la audiencia pública del 16 de septiembre próximo.

La ausencia de Aranguren en el Alvear Palace generó especulaciones a partir de las críticas que su actuación viene sufriendo en las últimas semanas. Por estas horas, la cartera energética no sólo debe llevar adelante el reordenamiento tarifario en el gas, sino que debe aportar a la propuesta que el Gobierno llevará a la audiencia pública, en medio de un nuevo frente judicial que las entidades PyME comenzaron a desplegar ante la Justicia.

En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectiva o de clase ante la Justicia federal de San Martín, en el que solicitó que se declare la nulidad de los artículos que determinaron el alza del gas para las organizaciones productivas y comerciales, que quedaron excluidas del fallo de la Corte Suprema de hace una semana, debido a que esa presentación hizo foco en la situación de los usuarios residenciales. El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial las resoluciones 3.960 y 3.961 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que llevan la firma de su interventor, David Tezanos González.

La resolución 3961/2016 estableció que para las facturas atrasadas o no emitidas desde el 1 de abril, “las prestadoras deberán brindar a los usuarios la posibilidad del pago de los montos adeudados en cuatro cuotas mensuales consecutivas, iguales y sin incluir intereses hasta el momento de la facturación”.

Las empresas distribuidoras deberán establecer el vencimiento de la primera de dichas cuotas a partir de septiembre de 2016, en tanto que “los montos abonados en exceso por los usuarios, deberán ser acreditados comenzando en la primera factura que se emita a partir de hoy y en las siguientes facturas, hasta reintegrar por completo la diferencia”.

Asimismo, el ente regulador remarcó que por los próximos 60 días “las empresas prestatarias del servicio no podrán aplicar los mecanismos de notificación de deuda previo al corte de suministro por falta de pago” de las facturas emitidas desde el 1 de abril.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno nacional concurrirá a la audiencia pública para fijar incrementos en las tarifas domiciliarias del gas con “una propuesta consensuada con los gobernadores, los consumidores y otras fuerzas políticas”, y afirmó que los subsidios a la energía “deben ir a los sectores menos favorecidos”.

La audiencia en la que se debatirán los incrementos en el servicio de gas en los hogares se realizará el 16 de septiembre en la Usina del Arte, del barrio porteño de La Boca, y según el titular de la cartera de Interior, la idea del Poder Ejecutivo “es presentar una iniciativa que refleje el diálogo” entre los principales actores sociales. (Télam)

“Errores importantes”.- La diputada massista Graciela Camaño reclamó al Gobierno “resolver el tema energético”, cuestión que consideró clave para la llegada de inversiones. La legisladora participó del seminario “Argentina: Perspectivas económicas y políticas”, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y el Consejo de las Américas, en el Hotel Alvear. Allí, Camaño sostuvo que “es indispensable resolver el tema energético, han habido errores importantes, pero advertimos vocación por resolverlos”. La semana pasada, la diputada tuvo un cruce con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando éste expuso en un plenario de comisiones de la Cámara Baja y le dijo que los ajustes tarifarios se hacían por un decreto de necesidad y urgencia que Camaño firmó en 2003 cuando era ministra de Trabajo. “La chicana de cuando fui ministra, conmigo no va”, dijo Camaño. (DyN)

“Improvisación”.- “La expresión ‘no pongan palos en la rueda’ no sólo parte de un prejuicio hacia los trabajadores, sino que en boca del Presidente nos hace pensar que ignora la realidad social que se agravó desde que inició su gestión”, dijo Pablo Moyano, diputado de UNA. “El pedido de que ‘no pongan palos en la rueda’ debería ir dirigido a su equipo económico, que en ocho meses ha empeorado todos los indicadores económicos y sociales. Es preocupante el grado de improvisación que demuestran, como en el caso del tarifazo. El principal escollo para el Gobierno es el fracaso de su plan macroeconómico”, afirmó el diputado, según “ámbito.com”.

Docentes, contra el tarifazo.- El sindicato docente bonaerense Suteba adelantó que participará de la marcha federal del 31 de agosto por “trabajo, producción y contra los despidos, la inflación y el tarifazo”. En un comunicado dijo que “la columna de Suteba se movilizará en la provincia de Buenos Aires y estará presente en varios puntos de concentración en la marcha a Plaza de Mayo”. (Télam)

Menos poder adquisitivo.- El gremio Sadop aseguró que el salario del sector bajó más del 15% de su poder adquisitivo, como consecuencia de “los tarifazos y del proceso inflacionario”. Afirmó que en Capital Federal los trabajadores ‘extraprogramáticos’ “no alcanzan a percibir 6.000 pesos por una jornada laboral”. (Télam)