Bonadío indaga a Florencia y Máximo Kirchner

Los hijos de la ex presidenta declaran en el marco de la causa Los Sauces. Alegarán que todo se hizo legalmente y que existe “persecución política”. El juez buscará procesarlos.
Los dos hijos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner comparecerán hoy ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo para ser indagados en el marco de un proceso judicial en el que se los acusa -junto con su madre- de cinco delitos: cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, negociaciones incompatibles con el rol de funcionario público y asociación ilícita.
Aunque ya se sabe que el magistrado no dejará detenido a ninguno de los dos -a Florencia se le concedió la eximición de prisión el viernes y Máximo ostenta fueros como diputado-, fuentes judiciales con acceso al expediente de la causa denominada Los Sauces sostuvieron que Bonadio “cuenta con los elementos suficientes como para procesarlos”.
Desde la defensa de los acusados dejaron trascender que los Kirchner presentarán sendos escritos donde explicarán que la sociedad -propiedad de la familia presidencial- alquiló ocho oficinas y departamentos con contratos y a precios de mercado, cuyos montos fueron cobrados con cheques depositados en bancos y que los inmuebles estaban ocupados por los inquilinos correspondientes. Con esto pretenden demoler el argumento judicial de que el dinero que cobraron por este concepto fue parte de retornos pagados a cambio de la adjudicación de obra pública.
Tanto Florencia como Máximo se sentarán delante del juez que ya tiene procesada a su madre en la causa de dólar futuro para escuchar cómo los acusa de integrar una organización que actuó entre 2003 y 2016 para “recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o áreas de la industria petrolera e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle una apariencia de origen lícito”, tal como figura en el escrito que les leerá el secretario de Bonadio. En su descargo, los Kirchner alegarán que este objeto procesal es “cosa juzgada”, ya que las propiedades alquiladas ya fueron investigadas por Julián Ercolini, Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral, quienes sobreseyeron al matrimonio presidencial de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Según trascendió en fuentes tribunalicias, el fiscal cuenta con una batería de interrogantes con los que pretenderá establecer las relaciones comerciales entre Los Sauces y los empresarios aludidos en la acusación. Rívolo apunta a probar lo impropio de las relaciones entre los acusados y empresarios que mantuvieron negocios con el Estado, al mismo tiempo que eran sus socios comerciales en la actividad privada. “En el tema lavado, es más difícil, porque habrá que probar que se blanqueó plata ya blanca y establecer el delito precedente, en cambio, las negociaciones incompatibles con la función pública parecen más evidentes”, sostuvo una fuente calificada con acceso al expediente.
Por su parte, Cristina -quien ya dijo a través de las redes sociales que no teme cualquier acusación, incluso quedar presa, pero advirtió que no permitirá que se metan con sus hijos- deberá comparecer mañana, en medio del convulsionado clima político generado por la convocatoria a una marcha nacional de la CGT para ese mismo día. Al finalizar la indagatoria de la exmandataria, el magistrado tendrá diez días para definir si procesa o no a los imputados. En esta causa todos tienen sus bienes inhibidos y Florencia -accionista, empleada y directora de Los Sauces- está acusada, además, de recibir $3,7 millones de la firma.
En los tribunales de Comodoro Py, hay precupación por el dispositivo de seguridad montado para garantizar que ninguna de estas presencias provoquen incidentes. Máxime teniendo en cuenta que tanto hoy como mañana hay previstas movilizaciones de trabajadores producto de las convocatorias de los gremios docentes y de la propia CGT, que mañana se marcha en el centro porteño.