Nación se hará cargo de los fondos para vinvienda

El Gobierno prepara un cambio fundamental en la forma de pago de las viviendas sociales en las provincias, una de las mayores apuestas de la administración de Mauricio Macri para dinamizar la economía.
Según publicó hoy La Nación, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones.
Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.
Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos.
Los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.

Desconfianza

Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.
Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio, si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.

Mayores costos

Además de incumplir las metas a las que el Gobierno se comprometió por escrito, por ejemplo, a través de la ley de presupuesto, la ralentización de los pagos lleva a que el Estado deba pagar mayores costos por el mismo paquete de viviendas.
Es algo que en diversas reuniones hizo notar el propio Mauricio Macri, con experiencia en el mundo de la construcción tras su paso por Iecsa y Sideco, las empresas familiares que se convirtieron en unas de las más grandes del rubro en el país. Más aún: como la compañía constructora descuenta desde el principio que el Estado (nacional o provincial) se demorará en los pagos, puede preferir ensanchar su presupuesto original para cubrir esa morosidad.
La modalidad de pago directo del Estado a las empresas tiene otros beneficios para la Casa Rosada, según la mirada de quienes trabajan en la iniciativa. Un funcionario que suele sentarse con frecuencia a la mesa chica del Presidente lo puso en los términos que suelen usar los economistas: como el dinero es fungible, es muy difícil rastrear su destino (la denominada trazabilidad) una vez que sale de la contabilidad del Estado e ingresa en las arcas provinciales.

Aplicación de la medida

El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses, pero no la aplicará antes de las elecciones, posiblemente para evitar un choque adicional con los gobernadores antes de ir a las urnas.
Tanto las empresas como los funcionarios nacionales comenzaron a afinar un discurso para usar de escudo ante eventuales críticas: el mecanismo de pago sin intermediación de las provincias ya funciona en el caso de las obras hídricas.
Después de las dificultades del año pasado (la construcción fue el sector donde se destruyó el mayor número de empleos), las empresas y el Gobierno parecen haber encauzado su relación hasta un punto sin fisuras.