La Provincia descarta recortes en el empleo público este año

El ministro de Hacienda aseguró que no se desfinanciarán las prestaciones del Estado.Salta se comprometió a controlar el nivel de erogaciones. Urge la activación de la economía.
La Provincia descarta iniciar un ajuste y reducción del empleo público este año. A nivel país, envuelve un contexto que no logra tomar claridad: todavía no aparecen signos de revitalización económica y hay provincias con las cuentas públicas comprometidas.

Ayer, el ministro de Hacienda de Salta, Sebastián Gomeza, dijo que se aspira a tener un año equilibrado, aunque es consciente del peso de las variables macroeconómicas: inflación y recesión, que minan los caudales de ingresos.

En una nota con El Tribuno, el funcionario sostuvo que el Gobierno “debe tratar de seguir cumpliendo con todas las prestaciones sin desfinanciar ni cortar los servicios”. Hizo hincapié en educación, seguridad y salud.

De acuerdo a datos del Presupuesto 2017, en Salta hay declarados unos 72 mil cargos públicos, de los cuales 62 mil corresponden al Ejecutivo. El gran porcentaje, aseguran, son docentes, policías y trabajadores sanitarios. En enero de este año, último dato disponible en la Oficina de Presupuesto, el 55 por ciento del gasto público fue para salarios. Este número estuvo en ese nivel en los últimos años.

En lo que va de 2017, Salta realizó dos emisiones de Letras del Tesoro. Esto le implicó obtener dinero por $1.414 millones en el mercado local, sin necesidad de comprometer el stock de deuda pública, ya que los vencimientos se cubren en este ejercicio fiscal. En solo tres meses, se alcanzó el 71 por ciento del cupo que se fijó para estas operaciones, cuyo margen este año no debe superar los $1.965 millones.

“No es que emitimos Letras constantemente. En base a la situación financiera de estos primeros meses, tomamos las Letras para seguir prestando los servicios”, argumentó el funcionario. Al ser consultado si los recursos se vuelcan al pago de salarios, respondió: “Se utiliza para todo lo que necesita gastar la Provincia, no específicamente sueldos sino también servicios, medicamentos y demás prestaciones”.

El pasado 23 de marzo, en el marco de la responsabilidad fiscal, las provincias se comprometieron a controlar el gasto, es decir a que no supere la inflación, y a no incrementar la planta de las administraciones públicas. En el acuerdo, encabezado por el titular de Hacienda de la Nación, Salta estuvo representada por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi.

Gomeza aseguró: “Estamos trabajando en eso. Cumplimos en seguir avanzando en un ordenamiento y no seguir incorporando gente”.

No obstante, el funcionario remarcó que entra en juego la ampliación de la cobertura de servicios estatales. “Si tenemos una demanda de más escuelas o salitas de tres años, implica mayor personal en Educación. Si uno empieza con un secundario en Tolar Grande, al año siguiente hay que nombrar a más docentes”, agregó.

La economía

Esta semana, el Indec tiró un balde de agua fría. La economía en febrero se contrajo un 2,2 por ciento. “Yo creo que tiene que comenzar el crecimiento en 2017. Se tienen que ver algunos brotes verdes”, alentó el titular de Hacienda.

El 75 por ciento de los recursos que maneja la Provincia provienen de transferencias nacionales. Se estima que el incremento interanual será del 28 por ciento, pero hay que separar este año los seis puntos porcentuales que empezó a devolver la Nación del 15 por ciento de coparticipación que se les retenía a las provincias. De ese modo, queda un incremento del 22 por ciento.

En el marco de ese acuerdo, la Nación ofreció recursos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses a devolver dentro de cuatro años. Gomeza dijo que el año pasado Salta accedió a más de $1.000 millones. Este año hay un margen disponible de $641 millones.

La recaudación provincial expone números muy cercanos a la inflación interanual, que rondó 34 por ciento anual en febrero, según el Congreso. De acuerdo a los datos de la Dirección General de Rentas, en el segundo mes de este año los ingresos propios se incrementaron un 32 por ciento interanual.

No obstante, el primer trimestre del año suele ser duro en cuanto los niveles de ingresos para el fisco. En materia impositiva, por cierto, se avecina el debate por la reforma tributaria. El Gobierno analiza quitar el impuesto al cheque. Gomeza advirtió que esto también desencadenará menores ingresos para las provincias.

El año pasado, hubo reducción superiores a los $1.000 millones por la reducción del IVA para beneficiarios de programas sociales y por la suba del piso del impuesto a las ganancias. Se trata de impuestos que cobra la Nación que luego se coparticipan.

En el plan de la Casa Rosada está la posibilidad de sacar del esquema ingresos brutos (impuesto a las actividades económicas). Aunque es considerado distorsivo por que se acumula en los eslabones de la cadena y se aplica sobre la facturación, se trata del principal recurso propio de las provincias.

“Una modificación impositiva hay que darla en un momento de expansión de la economía. Primero habría que ver el tema de la coparticipación nacional, una discusión más fuerte en todas las jurisdicciones y sobre todo en aquellas provincias denominadas chicas. Hay que tener presente que esas jurisdicciones fondos poder hacer frente a los servicios”, dijo.
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