Marcha atrás del Gobierno: vuelven a pagar las pensiones por discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció ayer la decisión de Mauricio Macri de dar marcha atrás con la baja de pensiones a personas con discapacidad. En un comunicado, Stanley sostuvo que el Gobierno “va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad”.

Luego de que Clarín revelara en su edición del domingo que el Gobierno había dado de baja, sin previo aviso, esta asistencia a 70.000 personas reflotando un olvidado decreto menemista, el equipo de Stanley defendió la medida. Pero los recursos de amparo presentados en la Justicia, sumado al rechazo de la oposición (desde el kirchnerismo, el massismo y la izquierda), como del sindicalismo, de las asociaciones defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes, de la Defensoría de Pueblo de Nación y hasta del Arzobispado de Buenos Aires, obligaron a la Casa Rosada a tomar cartas en el asunto y anunciar la marcha atrás del ajuste.

Las quitas se acentuaron en los últimos dos meses. El uso del decreto 423 de 1997, (que había caído en desuso desde la adhesión de Argentina en 2014 a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad) fue la excusa para que el ministerio eliminara, sin notificación previa, la ayuda de $4.400 mensuales a personas con capacidades diferentes. Clarín reveló también el criterio económico elaborado para la quita, que no consta en ninguna ley, sino que fue elaborado por el titular del área de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, según el mismo reconoció a este diario: bienes a nombre del beneficiario -incluidos los autos usados que hayan sido fruto de una donación-, un entorno familiar con ingresos cercanos $19.200 (tres jubilaciones mínimas), o que el beneficiario tuviera un cónyuge que percibiera otra asistencia del Estado, como por ejemplo una jubilación mínima de $ 6.377.

La reacción de la Casa Rosada ocurrió el mismo día en que cientos personas con capacidades diferentes y sus familiares realizarán una protesta en el Obelisco clamando por la restitución de las pensiones. Pero hubo una reunión que fue clave para la marcha atrás del Gobierno: fue la que mantuvo Stanley ayer con Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Molero le pidió a la ministra la urgente revisión de la medida tomando los mismos argumento que exhibió la Defensoría del Pueblo de la Nación: no hubo aviso previo a los damnificados por la quita, lo que los dejaba en una situación de vulnerabilidad extrema porque no pudieron prever la merma en sus ingresos, como así tampoco hubo una evaluación socio ambiental de cada pensionado antes de la quita de la asistencia. Ese proceder incluso viola la ley de procedimiento administrativo.

Ayer por la mañana la situación se agravaba para los damnificados. Las dependencias de la Anses contestaban a quienes reclamaban que al menos debían esperar hasta agosto para que el Gobierno pudiera cumplir con la visita de trabajadores sociales que evaluaran si la persona merecía o no la asistencia del Estado. Pero con estos nuevos reclamos en mano, Molero junto con la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Gabriela Troiano, acudieron a Stanley que prometió la automática restitución de las pensiones a partir de la semana que viene. Y Stanley levantó la vara del criterio económico: “No se les restituirá la pensión a los que tengan ingresos confirmados de 100 mil pesos”, dijeron fuentes oficiales. En la Argentina hay cerca de 5 millones de personas con capacidades diferentes, sólo un millón cobra la pensión.
clarin.com