Fraude en subsidios a colectivos: procesan a De Vido y lo embargan en $ 1.000 millones

El ex ministro hizo entregar miles de millones de pesos a los dueños de los colectivos sin controles. .Colectivos que cobraron gas oil de más como para hacer 387 viajes desde Buenos Aires a Moscú, empresas que recibieron los subsidios pese a estar cerradas durante 19 meses y combustible subsidiado que se vendía al público son algunas de las irregularidades por las que el ex ministro de Planificación K Julio De Vido fue procesado ayer por el juez Claudio Bonadio.

En una resolución de 141 páginas, el magistrado consideró a De Vido, quien está amparado en sus fueros para evitar ser detenido a los 67 años de edad, como principal responsable de un fraude al Estado de más de 609 millones de pesos cometido entre el 2003 y el 2014. En base a la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, el juez también trabó un embargo de 1000 millones de pesos. Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime -preso desde el año pasado en otras causas- y Juan Pablo Schiavi y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (actual diputado nacional kirchnerista por Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

En la maniobra, según la resolución, se incurrió en los delitos de “defraudación contra la administración pública” y “administración fraudulenta”. Esto complica la situación judicial de De Vido, quien ya fue enviado a juicio oral por la tragedia del tren de Once, está procesado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez y en la causa por la compra de trenes chatarras a España y Portugal. Además, el juez federal Luis Rodríguez rechazó un pedido de detención y declaración indagatoria en la investigación por el desvío de fondos públicos destinados a reconvertir Yacimentos Carboníferos Río Turbio, aunque en dos meses seguramente lo llamará a indagatoria.

“Esinnegable que el entonces ministro pudo detener la entrega ilegal de subsidios en cualquier momento de esos casi diez años que duró la actividad ilegal bajo su mandato,ya que era él la autoridad superior que debía velar por esos bienes”, escribió Bonadío.

Mientras tanto, Bonadio citó la semana pasada a declaración indagatoria a 251 empresarios del transporte público automotor que fueron beneficiados por estas maniobras. La nueva ronda de declaraciones indagatorias comenzará el 22 de agosto próximo, día para el que fueron citados a declarar todos los imputados de la familia Cirigliano: Mario, Sergio, Nicolás, Antonio, Vicente y José. En la causa no se probó aún que se hayan pagado coimas, pero el juez recordó, por ejemplo, que Jaime ya está procesado por haber recibido dádivas de parte de Cirigliano.

Según la resolución, las líneas que cobraron de más son las siguientes: 17, 22, 29, 39, 41, 42, 47, 59, 61, 62, 64, 67, 79, 86, 92, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 129, 133, 134, 140, 141, 150, 160, 163, 165 y la 193. Solo se investigó a las de la Capital, las del Gran Buenos Aires y de algunas provincias. No se investigó a todas las del país. Una prueba irrefutable de la ausencia de controles es el caso de la empresa “Transporte Interprovincial Rosarina S.A.”, que entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 -ambos inclusive-, recibió cupos de gasoil a precio diferencial “sin prestar servicios”.

En la causa, por otra parte, se encuentra probado que, al menos en el año 2010, “la estación de servicio ubicada en la esquina de Yrigoyen y Gaona, en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, vendía al público gasoil subsidiado por el Estado Nacional para el transporte público automotor de pasajeros”, entre otros ejemplos.

Los procesados “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”, consignó el juez. De Vido y sus cómplices “pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”, añadió Bonadio.

Bonadio estableció que “este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes”.

El juez dictaminó que “la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014″ cuando el ministro del Interior Florencio Randazzo tomó el control de Transporte tras la tragedia de Once. La prueba clave es la colocación de GPS en los colectivos luego del 2014. Entonces, el juez comparó cuantos kilómetros declaraban antes y después del uso de los GPS y los primeros estaban inflados en cifras enormes. Por ejemplo, la línea 17 declaró haber recorrido 5.218.556 kilómetros. La distancia entre Buenos Aires y Moscú es de 13.479. Entonces, un colectivo de la 17 podría haber viajado 387 veces hasta la capital rusa. El mismo rol ocupó la tarjeta SUBE para medir cuantos pasajeros, en realidad, habían transportado.

En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.

El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de los dueños de las mismas las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.

Cuando declaró en indagatoria, el 23 de junio pasado, De Vido negó haber tenido “competencia” en el otorgamiento de los subsidios y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transporte y a la CNRT.

De todos modos, el ex funcionario negó que haya habido ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías de transporte, al asegurar que “los responsables” de la Secretaría y la CNRT “ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado la regularidad de su actuación”. Pero el juez no le creyó y lo procesó con una fundada resolución. www.clarin.com