Se le acaban los tiempos al gobierno para traspasar 400.000 hectáreas a comunidades originarias

El 1 de noviembre es el plazo último dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al estado salteño y al argentino para escriturar las tierras en nombre de una asociación que nuclea a 45 comunidades indígenas, con 7.000 personas.                              .

Tierras en disputa. Esta semana el Centro de Estudios Legales y Sociales estuvo a punto de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el estado salteño y el argentino, por una entrega de 400.000 hectáreas a comunidades originarias que no se termina de concretar.

La abogada Gabriela Kletzel, directora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, explicó a LA GACETA que la demanda no se presentó finalmente porque la CIDH estableció el miércoles un nuevo ultimátum: el uno de noviembre es el plazo para que el gobierno escriture esas tierras en nombre de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que nuclea a 7.000 personas de 45 comunidades indígenas.

Las comunidades de los pueblos Wichí, Iyojwaja, Nivacklé, Qom y Tapy’y representadas a través de sus autoridades tradicionales en la Asociación Lhaka Honhat reclaman que el Estado argentino les otorgue el título de propiedad comunitaria de los lotes 14 y 55, del departamento de Rivadavia. Habitan allí desde hace más de tres décadas y quieren seguir ahí para continuar viviendo de la caza y de la recolección, como lo hacían sus ancestros.

El espacio en litigio y su ubicación, visibles en este mapa, permiten comprender la resistencia de las familias criollas y del mismo estado local a cumplir la orden de la Comisión Interamericana:

“Desde el 98 estamos masomenos peleando por esto”, dijo a LA GACETA El cacique Francisco Pérez, quien esta semana mantuvo una reunión con Gabriela Kletzel, en Buenos Aires. Allí tomó conocimiento sobre el nuevo plazo.

Cuando se le pregunta si han recibido algún tipo de ayuda del IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta), el cacique responde con una carcajada. Y después acota un lacónico “nada”.

El conflicto

La Asociación Lhaka Honhat desde 1983 busca que el Estado le otorgue un título único de propiedad sobre esas tierras en las que las familias viven ancestralmente.

La situación estuvo paralizada hasta 1998, cuando, con la representación del CELS, presentó una petición ante la CIDH por la falta de reconocimiento legal del territorio, la construcción de obras y la exploración de hidrocarburos en el territorio ancestral indígena. En esa primera petición del CELS se dejaba constancia de “la tolerancia estatal a que pobladores criollos instalen cercos y alambrados, talen árboles de manera ilegal y realicen pastoreo de ganado en ese territorio”.

A fines de 2015 el gobierno salteño creó el Ministerio de Asuntos Indígenas. Luis Gómez Almaraz, a cargo del área desde entonces, dejó en claro que llevar a un buen puerto el reclamo de los lotes 55/14 era uno de sus objetivos; también mostró qué avances hubo y cuánto le falta.

“Son 643 mil hectáreas. Es un proceso de regularización territorial distinto respecto a la aplicación de la ley 26160 porque en estos lotes tenemos una superficie donde conviven comunidades aborígenes y familias criollas y donde el problema original no es por la mala convivencia (porque han nacido ahí, hasta los niños van a la misma escuela) sino que muchas familias criollas crían ganado y la manera es a campo abierto, eso significa que alambran el terreno que fue reclamado por las comunidades”, dijo a LA GACETA a mediados de 2016.

El ministro aceptó en esa oportunidad que uno de los problemas que tenía el ministerio es que dentro de ese territorio hay una superposición de ocupación del reclamo indígena, es decir que tienen familias criollas viviendo en la tierra en que reclaman las comunidades. “Es un trabajo que se viene articulando desde la unidad ejecutora provincial, donde la principal herramienta es el diálogo entre ambos sectores, donde las familias criollas de manera voluntaria deciden relocalizarse”, dijo, y añadió que si bien está determinado qué superficies van a ser para territorio indígena, las familias criollas todavía están dentro del territorio que les pertenece a las comunidades.

Hasta el año pasado, el gobierno local había logrado 120 acuerdos para relocalizar a familias criollas.

Desde el CELS reconocen que el Estado ha realizado varias acciones para cumplir con las recomendaciones. Pero resaltan que aun no se terminó la demarcación y delimitación de la totalidad del territorio indígena; no se ha hecho pública la composición actual de la UEP ni su presupuesto; no se acordó la relocalización de todas las familias criollas ni se generaron condiciones para que puedan ser relocalizadas; tampoco no se registraron los catastros correspondientes la titularidad de las comunidades sobre los ex lotes 55 y 14; ni se tomó ninguna medida para combatir la tala ilegal de árboles ni el levantamiento de cercas y alambrados en el territorio indígena.

Salta tiene hasta el 1 de noviembre para concretar todo esto.