Tras un extenso debate, y por amplia mayoría, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley que establece la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio Aguaray.
El proyecto aprobado, prevé que el actual intendente de la localidad de Aguaray cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de la Ley, facultando al Poder Ejecutivo provincial a designar al Comisionado Interventor. La duración de esta medida se extenderá hasta la asunción del nuevo Intendente Municipal que será electo en las próximas elecciones provinciales del año 2021.
La intervención en cuestión, se enmarca en el artículo 179, inciso 2, de la Constitución Provincial, el cual estipula que la Provincia podrá intervenir un municipio “para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional”.
El diputado Jesús Villa señaló la situación que se vive por estas horas en Aguaray, y mencionó que desde un principio, «claramente se podía vislumbrar que había sucedido algo importante y que requería medidas de este tipo».
El legislador sostuvo que si bien, desde el Concejo Deliberante de esa localidad se inició un proceso de juicio político, la Carta Orgánica municipal no permite la destitución salvo en casos de mayoría agravada, por lo que no se logró hacerlo.
“Esta medida busca llevar paz social a un municipio que empieza a verse perjudicado por el malestar de muchos vecinos ante esta situación”, declaró Villa.
La presidenta de la comisión de Legislación General, la diputada Socorro Villamayor señaló que ante circunstancias como estas, se debe actuar con la mayor y más absoluta responsabilidad, por lo que es necesario un debido proceso de análisis de todos los elementos, lo que conlleva tiempo. La diputada expuso además documentación judicial referente a la causa que fuera remitida oportunamente a la comisión.
“Estamos ante un hecho delictivo muy grave, es por ello que se esperó a que el Concejo Deliberante de la localidad se expida, para recién implementar el recurso de la intervención”, expresó la legisladora. Por otra parte, respondió a cuestionamientos de referentes de la oposición sobre este tema, «presentan rápido el pedido de intervención, aún antes de que la Justicia intervenga, para sacarse de encima la pertenencia política del jefe comunal”.
Además, Villamayor señaló que «el robo del siglo no sólo fue un hecho doloroso para Aguaray, lo fue para la provincia de Salta», haciendo referencia a la sustracción de 35 kms de caños del gasoducto, entre otras cuestiones, y bregó por la paz social de la comunidad.
El diputado Javier Diez Villa resaltó la importancia del profundo análisis y el trabajo parlamentario realizado para adoptar esta medida extraordinaria, ante una situación muy grave. Asimismo, criticó «la poca de participación en el debate por parte de la bancada del Frente al que pertenece el intendente implicado».
«Prado no fue fruto de un accidente político, es la punta de un iceberg, que quede claro, la Justicia debe ‘llegar al hueso’, se debe saber todo», esbozó.
Por otro lado, Diez Villa indicó que mediante una nota con pronto despacho, le pidió explicaciones a Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación, por lo sucedido, y teniendo en cuenta que Prado manifestó que tenía la venia del gobierno nacional para este accionar. Sin embargo, puntualizó que el pedido jamás fue contestado.
El proyecto fue aprobado por más de los dos tercios necesarios; con 54 votos a favor y uno en contra, y pasó al Senado en revisión.
