En agosto de 2013 el Gobierno provincial le revocó a Enjasa, firma controlada por Casinos Austria, la licencia que tenía desde 1999 para explorar los juegos de azar en Salta, con carácter exclusivo, por 30 años.
La medida se apoyó en una resolución con la que el Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja) había sancionado a la licenciataria por presuntos incumplimientos a las normas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como así también por la subcontratación de otros operadores del juego sin la autorización previa exigida por el artículo 5 de la ley marco 7020.
En 2014, Casinos de Austria llevó su reclamo al Ciadi. Sostuvo que la revocación de la licencia de Enjasa y la posterior transferencia de sus operaciones de juegos de azar y loterías a otras empresas «destruyó» su inversión en Salta. El 22 de junio de 2018 el tribunal declaró su jurisdicción para arbitrar en la controversia ante un posible incumplimiento de los artículos 2 (trato justo a las inversiones) y 4 (indemnización por medida expropiatoria) del citado tratado bilateral de inversiones.
El 30 de abril de 2014, tras notificar a la entonces presidenta Cristina Fernández sobre la controversia, Casinos de Austria empezó a reclamar una indemnización de más de 200 millones de dólares, pretensión que luego se redujo a US$ 51,9 millones de capital, más otros US$ 10 millones en intereses y costas, aproximadamente.
“Es un juicio que lleva la Procuración del Tesoro de la Nación, no lo lleva al Fiscalía de la Provincia. La demanda inicial fue de US$61.600.060. Hay 120 días donde cualquiera de las partes puede decidir apelarlo, es un tema que se va a definir con opinión fundamental de la nación”, comentó en Radio Pacífico el fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina.
Pérez Alsina explicó que en su momento hubo 21 sanaciones formales por incumplimiento de normas sobre lavado y por contrataciones de operadores sin autorización de Enreja. Además, en el juicio se agregaron incumplimientos reiterados con advertencias, multas y suspensión. Por otro lado, la Unidad de Información Financiera puso una sanción contra los directivos de la empresa.
“Ellos no desconocen las faltas, pero argumentan que hay una sobredimensión de las mismas. En lo personal, hubiera asesorado que se constituyan mucho más las faltas, hubiera profundizado más esto para llevarlos a un término de recisión consensuada”, aseguró el fiscal.
