A partir de un documento elaborado por el arzobispo Mario Cargnello y enviado al Concejo Deliberante, se busca que se sancione una ordenanza a partir de la cual el arzobispado y todas las dependencias educativas de la Iglesia dejen de pagar impuestos.
El objetivo tiene que ver con que se exceptúe de todas las obligaciones tributarias a todas las instituciones dependientes de la figura del arzobispo dentro de la Iglesia Católica de Salta. En el mismo, también Cargnello solicita que se condenen las deudas y recargos que mantiene el organismo.
El representante legal del Arzobispado de Salta, Juan Canaves, explicó que desde la Municipalidad de Salta sostienen que es un organismo autónomo y que tiene dictada una ordenanza en la que la exención impositiva a los establecimientos de educación privada se les da en la medida en que ofrezcan becas al Concejo Deliberante en el Concejo de Becarios.
“Ellos quieren designar a los alumnos que nosotros tenemos que aceptar para conceder la beca. En primer lugar eso es inconstitucional porque no pueden imponer a los alumnos que tenemos que aceptar sin el proceso de selección institucional que todos los colegios tienen. En segundo lugar, cuando la provincia cedió en 1986 a los municipios los impuestos, tasas y contribuciones esa cesión implica que se cede con las restricciones y excepciones que ya había otorgado la provincia. Ese principio debe ser respetado por la municipalidad”, sostuvo el abogado.
Esta propuesta se encuentra ahora mismo puesto en discusión en la Comisión de Hacienda dependiente del Concejo Deliberante. De acuerdo a lo trascendido, el documento plantea que el beneficiario no sea solo el Arzobispado de Salta, sino también el Monasterio San Bernardo, las distintas parroquias, vicarias basílicas e instituciones educativas dependientes del arzobispo, incluso la Universidad Católica de Salta.
“Los colegios privados en el ámbito de la Municipalidad de Salta pueden tener exención impositiva, tengan o no fines de lucro, si se adhieren al régimen de becas. Pero acá se está violentando el derecho a enseñar y aprender porque nos quieren imponer a los alumnos que ellos designan. Lo que la municipalidad no entiende es que si los colegios tienen que empezar a pagar impuestos por estos colegios que tienen la exención de hace más de 70 años, es que eso lo van a terminar pagando los padres”, indicó Canaves.
