El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Salta ha comenzado a reforzar las inspecciones en todos los barrios de la provincia para verificar que las viviendas sociales estén habitadas y se estén pagando. En caso contrario, se les retirará a los adjudicatarios el beneficio de la vivienda. Hoy en día son casi 17 mil familias que no están pagando las cuotas de las casas y de esas, el 60% tienen cuotas de mil pesos.
“Hoy estamos con una morosidad de un 38% que consideramos elevada, pero vamos avanzando en buscar respuestas mucho más positivas. La firma del convenio con la Secretaría de Justicia nos dio bastante aire porque a través de un sistema de mediación encontramos el diálogo que quizás nosotros no lo sabemos hacer. En esta semana hemos vuelto a avanzar con ese convenio de mediación y en los próximos días vamos a mandar más intimaciones”, sostuvo en FM Pacífico el presidente del IPV Salta Gustavo Carrizo.
Carrizo explicó que en Salta Capital la mora es de un 15%, mientras que en el interior es mucho más elevada. Por eso empezaron a trabajar en conjunto con los intendentes para que puedan acompañarlos en buscar una solución a esto.
“Hay algo que también tenemos que revisar, en la gestión anterior accedían a una vivienda todas las familias que ganaban hasta dos sueldos mínimos, es decir casi 140 mil pesos. Ahora hemos decidió que los que participen en nuestros sorteos sean las familias que ganan desde 2 hasta 8 sueldos mínimos, ahí endentemos que con ese índice de ingreso vamos a obtener lo que buscamos, sino no lo pueden pagar”, manifestó.
El funcionario contó que las cuotas de las casas que se entregaron la semana pasada en La Poma deberían ser de casi 50 mil pesos, pero que no se pueden aplicar ese monto en La Poma, ya que una familia que gana cerca de 140 mil pesos le representaría el 30% de su sueldo.
“Nosotros estamos del lado del vulnerable, pero también sin ingresos no podemos trabajar, entonces tiene que haber un equilibrio. Con las nuevas viviendas que estamos por entregar se va a hacer un buen trabajo de ver a quién se las asignamos. Quienes participan de un acceso a la vivienda son las personas que no tienen una, que tienen un grupo familiar y tienen ingresos desde 2 hasta 8 salarios mínimos”, expresó Gustavo.
Por otro lado, al ser consultado por las viviendas que son entregadas por el IPV y que luego son reformadas, el presidente dijo que “hay una resolución que pueden modificar su vivienda hasta un 45% o 47%, pero es algo que tenemos que revisar porque si la familia cumplió con los requisitos y tienen ese ingreso, sacan un préstamo o tenían algún dinero ahorrado para modificarla es algo que pueden hacer”.
