Casación debe resolver el pedido de la defensa de la vicepresidenta en el marco de la causa de los cuadernos.
Los mismos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que abrieron la puerta para que el ex ministro Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta salgan de la cárcel son los que tendrán que resolver en las próximas horas el pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para revocar su prisión preventiva en la causa de los cuadernos.
Funcionarios judiciales abren el interrogante: ¿Cómo se podrá justificar que deba seguir vigente la prisión preventiva de Cristina Kirchner, nunca ejecutada por los fueros, cuando ya se convirtió en vicepresidenta y cuando se levantó la orden de detención sobre el resto de los implicados del expediente de los cuadernos? Sobre todo, añadieron, cuando ya entró en vigencia, por decisión de la comisión bicameral, las nuevas reglas obligatorias para analizar medidas menos graves que la detención y la llave maestra para que los detenidos sin condena puedan acceder a la excarcelación.
La decisión está en manos de los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetavena, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta, les pidió el 28 de noviembre que revocaran la prisión preventiva. Reclamó que fuera antes del 10 de diciembre, pero no consiguió que se cumplieran esos plazos. Aseguró que esa orden, que firmó el juez Claudio Bonadio, era “antojadiza”, “disparatada” y “vergonzosa”.
Según sostuvo, “era inimaginable” que la hoy vicepresidenta «se preste a maniobras de escapar o entorpecer. No lo hizo ni cuando era presidenta ni lo va a hacer ahora que será vicepresidenta, ni en el mientras tanto lo hará”. “Decir que un vicepresidente va a asumir con una prisión preventiva fundada de una manera grotesca como esta realmente es algo que no se comparece con los principios del Estado de derecho que todos decimos defender”, añadió.
En su presentación, la defensa marcó algo que la propia CFK visibilizó cuando le tocó declarar en indagatoria por el juicio de Vialidad Nacional, ocho días antes de asumir su rol en el Ejecutivo. “Pareciera ser que después de que Cristina Fernández de Kirchner fue electa senadora y pasó a tener fueros, esto fue lo que determinó que existieran riesgos. Esto es una situación grave y debe ser especialmente valorada”, afirmó. Pero además resaltó que la ex presidenta “carece de condenas”, que los delitos investigados aquí no habilitan la aplicación de la prisión preventiva por la pena en expectativa y que tampoco puede justificarse en la recuperación de activos, cuando ya se le aplicaron embargos e inhibiciones y “desde lo cautelar se agotó lo legal y lo ilegal” por hacer.
La primera orden de detención de Cristina Kirchner, con su respectivo pedido de desafuero, se dictó el 7 de diciembre de 2017 por la causa del Memorándum con Irán, nacida en la denuncia que motorizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Precisamente, la ex presidenta ya cumplió entonces dos años con un dictado de prisión preventiva en su contra. El juicio aún no tiene fecha.
Fuente: Infobae
