Martín Rosales: “es la primera vez en la historia que la Corte Interamericana hace una visita de estas características a la Argentina”

Provincia

La visita está vinculada al caso “Lhaka Honhat”, en donde miembros de comunidades wichí reclaman más de 650 hectáreas en la zona de Santa Victoria.

El conflicto entre criollos e indígenas, desató un juicio que lleva más de 20 años sin resolverse y se convirtió en uno de los más emblemáticos dentro de la Argentina en materia territorial.

Durante los últimos años, el conflicto desencadenó problemas relacionados a las formas de vida que llevaban ambas culturas, debido a que los aborígenes no dividen las parcelas sino que conviven bajo un único espacio, mientras que los criollos fraccionan sus tierras como bienes particulares.

Los caciques, representantes de las comunidades y de la etnia wichi, llegaron hasta la Corte Interamericana de Justicia para poder obtener de una vez por todas una “escritura única” de esas 650 hectáreas en las que habitan junto a criollos.

Como respuesta a los pedidos realizados por el coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez (wichi), y el tesorero de esa asociación, Rogelio Segundo (qom), en la audiencia pública que se realizó en Costa Rica en marzo, hoy arribaron a Salta dos representantes de la Corte: Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño.

Desde FM Pacífico, se dialogó con el Dr. Martin Rosales, representante del Centro de Estudios legales y sociales, quien acompañó a las comunidades en todo el proceso de disputa.

Al respecto, el abogado, adujo que la visita – señalada como “in loco”- es más que nada “una medida de prueba que decidió la Corte Interamericana en función de las características del caso (…), es una visita de inspección probatoria y es el último paso para la conclusión del trámite judicial”.

 Además, el investigador, recordó en la entrevista que este caso inició en el año 1998 “a partir de una decisión inconsulta del gobierno provincial  y también del gobierno nacional de construir un puente que vinculara localidades de Paraguay y de Salta, sin ningún tipo de discusión ni información con las comunidades indígenas (…) este escenario iba a generar una transformación absoluta del lugar y eso significó que se iniciaran acciones judiciales”.

Rosales, remarcó que el juicio pasó a la Corte Interamericana porque “las acciones judiciales (por parte de los aborígenes)  se presentaron en el año 1995 y la Corte Suprema de la Nación rechazó el reclamo en el año 1998”.

En relación a la visita de la Corte Interamericana, el investigador, destacó que “la Corte Interamericana necesita verificar en el terreno las cuestiones que reclaman las comunidades indígenas que ya no se refieren (sólo) a la construcción de aquél puente, sino que se refieren también a medidas que ha optado el gobierno, de exploración,  por ejemplo,  de hidrocarburos en la zona o la habilitación de un gasoducto sin consulta previa. Pero sobre todo, la cuestión del territorio, es decir, las comunidades indígenas venían reclamando desde la época de los 80 el acceso a un territorio único y de hecho el gobierno de la Provincia de Salta- en el año 91 y después en el 95- había reconocido el derecho a esas comunidades a tener un título único pero mientras tanto, también, se realizaban en el lugar obras de manera inconsulta”. Al mismo tiempo, subrayó que “finalmente el gobierno de Salta decidió no entregar el título único y esto, profundizó cuestiones que son muy significativas y que la Corte Interamericana debe identificar”.

Finalmente, el abogado,  recalcó que “a nivel internacional la responsabilidad es del gobierno federal” si bien el gobierno de Salta “debe rendir cuentas”, la responsabilidad “es del estado argentino”.

Foto: El Tribuno

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