Una resolución limita el uso de vehículos oficiales, ordena renegociar los contratos de alquiler y agilizar jubilaciones. La Provincia busca contener el gasto. Podrán acordar cambios de horarios de agentes para evitar horas extras.
Los funcionarios que incumplan con la aplicación de las medidas de contención del gasto delineadas por el Gobierno provincial podrán ser sancionados e incluso se establecieron descuentos salariales por el uso de partidas que no hayan sido autorizadas. Ayer se oficializó la resolución 8 del Ministerio de Economía que alcanza a oficinas del Ejecutivo, organismos descentralizados, entes autárquicos, y sociedades y empresas del Estado.
La resolución, firmada por el ministro Roberto Dib Ashur, dispone que se encaren renegociaciones y congelamiento de los contratos de alquiler, restringe el uso de vehículos oficiales, habilita a los organismos a realizar acuerdos con los trabajadores para lograr cambios de horarios y evitar horas extras o jornadas extendidas, ordena agilizar los trámites de jubilación de los agentes que cumplieron los requisitos, y deja sin efecto las denominadas «afectaciones» del personal.
Estas medidas «son necesarias para propiciar la transparencia de gestión, la idoneidad de los recursos humanos, la modernización de sus estructuras organizativas y una asignación más eficiente de los recursos públicos», plasma la resolución.
La nueva disposición surgió tras el congelamiento de salarios para los funcionarios del Grand Bourg decretado por el gobernador Sáenz el pasado 11 de enero por un plazo de seis meses. El mandatario había pedido además a Economía la implementación de medidas integrales de contención del gasto público.
Aseguran que el Gobierno no correrá con gastos de comidas o refrigerios de autoridades por el desempeño de funciones o tareas en extensión horaria.
Se suspendió el uso de los vehículos que integran el Parque Automotor del Poder Ejecutivo cuando su uso no esté relacionado con cuestiones de servicio. Se buscará implementar un programa «que garantice la utilización eficiente, el control y el monitoreo permanente del destino público asignado a dichos vehículos».
La resolución fija que «solo se reconocerán gastos en combustible en la proporción que resulte razonable de acuerdo al rendimiento litro/kilómetro recorrido según el vehículo que se trate, a excepción de la Dirección General de Aviación Civil.
El responsable del Parque Automotor solicitará al secretario general de la Gobernación, el inicio de los sumarios correspondientes, para deslindar responsabilidades en los casos de siniestros, robos, hurtos, deficiencias de mantenimiento o utilización que ocasionen mayores erogaciones a la Provincia.
El Gobierno provincial suspendió hasta el 31 de diciembre de este año la emisión de cheques diferidos.
Fuente: El Tribuno
