Santiago Cafiero aseguró que trabaja en un plan de ajuste del gasto político

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El jefe de Gabinete dijo que el Ejecutivo está acotando el número de asesores y de autos oficiales dentro de la estructura del Estado

El Gobierno tuvo dos reacciones tras las fuertes críticas por haber exceptuado los regímenes especiales de la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días. Primero, pidió que el Congreso extienda sus sesiones extraordinarias para tratar un proyecto que derogará las jubilaciones de privilegio. Y ayer anunció que trabaja en una “normativa” para achicar gastos en la administración pública.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo ayer que ” tiene que haber un ajuste en el gasto político” y aseguró que “eso se está haciendo” desde la Casa Rosada.

En diálogo con el programa Digamos Todo, por CNN Radio, cuando le preguntaron por el ajuste de la clase política, Cafiero respondió: “Los dirigentes políticos tienen que seguir dando gestos, estamos haciendo también una normativas administrativas como para ir en ese sentido. La estamos terminando, todavía no están los nombramientos, pero estamos acortando el número de asesores, acotando el uso de autos oficiales, ese ajuste también se está haciendo”.

El funcionario intentó, así, dar una señal de austeridad en los propios engranajes de la administración pública horas después de la sanción de la ley que cambia el esquema impositivo y que congeló las jubilaciones regulares, cuya actualización automática se mantendrá suspendida durante los próximos seis meses.

La ley levantó una ola de cuestionamientos porque salvaguardó los regímenes jubilatorios especiales de presidentes, vicepresidentes y del Poder Judicial, que quedaron enmarcados bajo el régimen de 2017, que se indexa principalmente por inflación. Tras las críticas, el Presidente pidió que el Congreso derogue los sistemas de privilegio de diplomáticos y judiciales.

“Tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo”, aseguró Cafiero consultado por la “demanda social” que hay en ese sentido.

Ayer, los colaboradores de la Casa Rosada indicaron a LA NACION que “se está trabajando fuertemente en definir el diagnostico de las estructuras burocráticas que se pueden suprimir, además de analizar el esquema de autos, choferes y otros beneficios”. Señalaron que “todo está en estudio” y que “hay un compromiso público” pero no dieron precisiones sobre los cambios que se harán.

Hasta ahora, Fernández introdujo fuertes cambios en el organigrama del gabinete, que pasó de diez a veinte ministerios. El Gobierno oficializó la nueva estructura del Estado, pero todavía no designó a los funcionarios que están por debajo de los ministros.

“Como estamos en emergencia no se han terminado de confirmar los equipos”, dijo ayer Cafiero.

Apenas llegó, la administración de Fernández derogó un decreto que Mauricio Macri promulgó quince días antes de dejar el gobierno y que le otorgaba un mejor sistema de compensaciones e indemnizaciones para la alta administración pública concursada. Pero, hasta ahora, no dio señales respecto de los sueldos de los funcionarios públicos. De hecho, ayer Fernández dijo que “un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el presidente” y que cuando un mandatario “vive de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo”. Los ministros, sin los descuentos, cobran un piso de $200.000 y el Presidente, de $250.000.

El diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, propuso en la maratónica sesión del proyecto de emergencia económica el congelamiento de los haberes de los funcionarios públicos para 2020. “Hagamos un congelamiento para el año que viene de nuestra dieta, de los sueldos de los ministros, de los secretarios, de los directores… Y estemos a la altura de las circunstancias. No nos aumentemos nosotros durante 2020”, lanzó, en medio del debate.

Como Fernández, Macri también había desembarcado en el Poder Ejecutivo con promesas de ajustar el bolsillo de la administración pública y aseguró que los gastos en choferes “era excesivo durante el kirchnerismo”.

En rigor, por un viejo decreto, además del Presidente y de la vicepresidenta, solo los ministros y secretarios están habilitados “a disponer de movilidad con automóviles oficiales con servicio de chofer”. Pero, tal como reveló LA NACION, varios subsecretarios y funcionarios de menor rango sostuvieron históricamente ese beneficio, una práctica extendida en algunas oficinas estatales e, incluso, en provincias y municipios.

Ayer, Cafiero volvió a defender la megaley de emergencia. “La ley salió y eso es lo importante. Tenemos las herramientas para poner la administración pública orientada en los objetivos que fija el Presidente, y poner el eje en las cuestiones que para nosotros son de mucha relevancia y no pueden esperar: aumentar las jubilaciones mínimas, generar estos bonos, hacer un aporte extraordinario para la AUH”, insistió.

Los funcionarios del Gobierno, que ahora debe promulgar la megaley, ayer trabajaron conectados de forma remota.

Fuente: La Nación

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