La Jueza de Garantías 1, Ada Zunino, notificó ayer al Ministerio Público Fiscal su decisión de inhibirse por violencia moral y con el objetivo de garantizar la transparencia en el desarrollo de las actuaciones en la causa por los hechos sucedidos el 24 y 25 de mayo en el Ex Peaje Aunor.
La magistrada argumentó haber sido víctima de una “violencia inusitada e infundada” por parte de personas adherentes o autodenominadas “Autoconvocados” a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Mencionó también, haber sufrido violencia psicológica, moral y espiritual, incluso por parte de docentes involucradas, que la acusaron públicamente de represora y violenta en conferencias de prensa, lo cual ha tenido repercusión pública y es de conocimiento general.
“Estas personas fueron por todo y en eso comenzaron una campaña de alto voltaje violento contra mi persona en distintos medios, hablando barbaridades. Lejos de generarme algún temor, hay cosas que yo no puedo tolerar y de ninguna manera lo voy a dejar pasar porque no corresponde. Yo entiendo que puedo perder la objetividad ahora y de ninguna manera quiero ser un obstáculo para la resolución sobre este tema”, manifestó Zunino en FM Pacífico.
La jueza explicó que ahora la causa pasa directamente al juez Colombo y allí se harán las actuaciones correspondientes. Son 19 las personas que quedaron detenidas en Aunor, de los cuales algunos están con abogados particulares y otros con defensores oficiales.
“Yo me voy a mantener en mi postura siempre porque estoy totalmente convencida de que hice lo correcto con las facultades que me da la ley. Los políticos en vez de discutir si soy o no competente deberían pronunciarse de manera objetiva sobre el uso abusivo que se está haciendo de este derecho que se está llevando a cabo cortando las rutas nacionales. El algo inaudito que yo no solo como jueza, sino como ciudadana, no lo comprendo. Me parece que se han extra limitado y no se puede soportar”, manifestó.
Zunino se vio envuelta en la polémica no solo por el accionar tomado en medio del conflicto, sino también por las expresiones vertidas en una entrevista, donde dijo: “No hubo represión, cometieron un delito. Ser docente no te da la patente de impunidad. Simple. Los policías cometen delitos y se los hecha de la fuerza”. Después de esto, según denuncia, comenzó a recibir agravios de todo tipo y además se habló sobre su vida política “con mentiras”.
“He sido ofendida, humillada, se me ha faltado el respeto de forma sistemática e incluso han hablado de mi vida privada con cosas alejadas de la realidad. Cuando esto afectó a mi familia, me afectó a mí. Ese fue mi límite y ahora no tengo la objetividad suficiente para seguir al frente de la causa. No quiero seguir soportando un montón de cuestiones que no vienen con el cargo y no tengo por qué sufrirlo. Voy a accionar de la forma correspondiente, previamente asesorada”, expresó la magistrada.