El edificio de los tribunales federales de Comodoro Py será el escenario de la investigación por el cobro irregular de los planes sociales. Se trata de un escándalo que salió a la luz la semana pasada cuando se supo que más de 250 mil personas, que compraron dólares o que declararon bienes personales accedían a la ayuda social, algo prohibido en los términos de la asistencia y por ley. La causa quedó radicada en la Fiscalía Federal a cargo de Guillermo Marijuan, quien señaló que este lunes accederá de manera personal al informe completo que elaboró la AFIP y contiene el detalle del entrecruzamiento de datos por el cual se arribó a la llamativa conclusión. Una vez que ese material sea analizado se estudiará si corresponde la suspensión del pago de los planes o alguna medida similar.
“Primero quiero ver las cifras y las pruebas de todo esto porque suena raro. Nuestra organización a la hora de postular gente para el plan social tiene que pasar por un filtro, ese filtro es un programa que solo si reúne los requisitos puede pasar, sino se rechaza. Entonces, las personas que están declarando bienes personales las rechaza el sistema”, dijo en FM Pacífico el referente del Partido Obrero y diputado provincial mandato cumplido Claudio Del Plá.
Según informó Del Plá una persona que tiene una moto, aunque sea chica, de menos de 10 años de antigüedad no puede acceder a un plan social y las organizaciones no pueden saltar estos requisitos. “Si esto que están diciendo es cierto lo puede haber hecho alguien que puede saltar el control, es decir que no pasa por este control que las organizaciones que somos independientes del Estado pasamos”, sostuvo.
El escándalo en torno al cobro irregular de los programas sociales surgió a partir de un entrecruzamiento que realizó la AFIP en octubre pasado a pedido del ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y cuyo resultado preliminar fue publicado en Infobae.
“Que se investigue y se esclarezca, pero la función política de esta denuncia es correr el eje de la discusión. El eje de la discusión es que se están destruyendo puestos de trabajo y no creando y que hay 4 millones y medio de personas en la indigencia. Hay un empobrecimiento generalizado y una destrucción de puestos de trabajo. En este marco aparecen estas denuncias extrañas”, manifestó el referente del PO.
Finalmente, expresó que si fue realmente como se denuncia hay que investigar y sancionar a quien corresponda, pero que “no es motivo para liquidar la asistencia social que es lo que el gobierno quiere hacer”.