La médica Miranda Ruiz, encausada y en camino a juicio por intervenir en una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tiene como nuevo defensor al abogado Oscar Guillén, quien este martes planteó la nulidad de la causa ante el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta. En un extenso escrito Guillén cuestionó cada una de las “conjeturas” e interpretaciones, en las que el fiscal Gonzalo Vega basó la acusación contra la médica.
“Realmente el tratamiento que se le dio a la causa es desquiciado, solo con una acusación precisa puede haber una defensa precisa. El fiscal propone hipótesis desbordadas, desorbitantes y extralimitadas, entonces todo puede producirse ahí, falsos testimonios y presiones a la señora que fue voluntariamente al hospital a requerir la ILE”, dijo Guillén en FM Pacífico.
El abogado explicó que cuando la mujer se presentó en el hospital para pedir la interrupción legal del embarazo, de forma voluntaria, intervino de inmediato un equipo interdisciplinario de 6 profesionales, entre los que había psicólogos, ginecólogos e incluso el gerente del hospital. Pero, la única imputada resultó ser la Dra. Miranda Ruiz, quien es residente.
“La práctica ha sido absolutamente apegada a la ley y es curioso que de 6 profesionales se termine imputando solamente a la residente. A un médico residente no se lo puede acusar por la responsabilidad de una práctica donde intervinieron 6 profesionales”, sostuvo.
Guillén aseguró que la mujer llegó al hospital de forma voluntaria el 23 de agosto del 2021 y fue evaluada e internada el 24. La práctica por su parte, consistió en la ingesta de pastillas, por lo que si hubiese habido un arrepentimiento de la paciente podía retirarse del hospital sin que nadie se lo impidiera y tampoco hubiese tomado las pastillas.
“Lo que pasó es que hubo un montón de gente que hostigó a la mujer sin conocer su voluntad. Está el consentimiento firmado en la historia clínica. Está mi claro el análisis de los asistentes sociales y psicólogos de que hay una situación de violencia familiar, incluso palabras como que si se hacía el aborto la iban a echar de su casa”, contó el letrado.
El tío que residía de la mujer que se realizó el aborto, en ese momento no estaba enterado del embarazo, mientras que la tía que no residía con ella tampoco estaba enterada del embrazo, sin embargo fue quien realizo la denuncia y se constituyó como querellante.
“Jamás puede ser querellante una tía que ni siquiera convivía y no sabía del embarazo, siendo también que la mujer es mayor de edad y capaz. Solicité el inmediato cese de la querella que era una querella sumamente agresiva. Tras los pedidos de la querella fue que el fiscal solicitó la detención de la Dra. Ruiz, asegurando que podía presionar a los testigos o adulterar la historia clínica”, manifestó.
Finalmente, el abogado apuntó directamente contra los grupos militantes y fundamentalistas que están contra el aborto.
“Han logrado instalar en la sociedad que el aborto es punible y que quien lo haga va a tener graves problemas. La Dra. Ruiz actuó según el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, entonces no puede ser que esté pasando por esta situación. Ella conserva su voluntad de pelear hasta las últimas instancias y si tenemos que ir a instancias internacionales, lo haremos”, dijo.