La ejecución de la obra del Gasoducto del NEA, proyectada en 2003 con el objetivo de llevar gas natural al noreste de Salta y a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, con una inversión de 2 mil millones de dólares fue suspendida con la llegada del macrismo al gobierno nacional.
En Salta, donde estaban localizados los trabajos cuando se paralizaron, quedaron caños acumulados a la vista y otros ya soterrados. El robo de al menos 228 de estos caños, a finales de 2019 y comienzos de 2020, es el hecho que se investiga en el juicio oral que comenzó hace dos meses ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta. Diez hombres están acusados, entre ellos el exintendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado, quien fue destituido a raíz de esta investigación penal.
Se calcula que el juicio va a terminar recién a fin de año por la cantidad de testigos que deben declarar en el mismo. Ya terminó la etapa en la que declararon los testigos de la fiscalía y ahora empiezan los testigos de la defensa, que se calcula que son aproximadamente 80.
“Mañana terminamos con 11 testigos del fiscal. El fiscal desistió de 135 testigos porque considera que tiene probado los hechos. Entre los desistidos del fiscal hay testigos nuestros, que para nosotros son muy importantes para esclarecer los hechos”, sostuvo el Dr. Sergio Heredia, abogado defensor de Freddy Céspedes, ex Secretario de Hacienda de Aguaray, también implicado en la causa.
Ahora, a quien se está investigando es a Gustavo de Cecco, ex director de Rentas. El fiscal general Eduardo Villalba decidió avanzar contra el exfuncionario provincial luego de las declaraciones que personal subalterno de la Dirección General de Rentas prestó en relación con un procedimiento de control que terminó con un cargamento de caños liberado de modo aparentemente irregular. “Principalmente nosotros fuimos los que incorporamos esas pruebas del procedimiento de Rentas, lo incorporamos en la investigación preliminar. Ahora la pregunta es quién le pidió al director de Rentas que libere ese camión”, aseguró Heredia.
Por otro lado, algo que también logró demostrar la defensa es la existencia de dos resoluciones 1215, la verdadera era para extraer caños de otra planta, pero después se cambia y se emite otra para el Gasoducto NEA. “Fue muy importante nuestra investigación, nosotros reconstruimos los hechos para demostrar que nuestros clientes no participaron”, sostuvo el abogado.
Finalmente, Heredia aeguró que debería haber más gente sentada en el banquillo de acusados, como, por ejemplo, las personas que acompañaron al empresario Diego Andrés Alos, titular de la empresa OSYPSA SA, empresa que se encargó de sacar los caños de Tartagal y transportarlos. “Uno de los empleados de Alos dijo que era él quien operaba la máquina para sacar los caños”, manifestó.