La causa por «facturas truchas» que investiga la justicia federal, y que tiene como principal implicado al ex director de LuSal Huergo, podría demorar varios meses. Así lo afirmo el Dr. Raymundo Sosa: «es un intrincado jurídico tremebundo, que puede dilatar tres meses o mucho más».
El Dr. Raymundo Sosa, defensor de Arturo Mimessi – contador de las empresas de Matías Huergo- expresó que el desdoblamiento que solicita el juez federal Julio Bavio, podría dilatar la investigación que se viene realizando en la causa de facturas apócrifas. Al respecto, resaltó que esta situación, sólo podría demorar más la causa: «es un intrincado jurídico tremebundo, que puede dilatar tres meses o mucho más».
En dialogo con FM Pacifico, Sosa explicó que la decisión del juzgado federal de desdoblar la causa, comprende que el tema fiscal «o sea del tema de la AFIP, es un tema de la justicia federal», y que las supuestas corrupciones entre funcionarios municipales y provinciales lo debe resolver la justicia provincial : «una cosa es las defraudaciones que han sucedido en el estado provincial y municipal, que pareciera que existen, y que no están investigadas por el juzgado federal, sino que surgen por investigaciones federal».
En tal sentido, el defensor de Mimessi, sostiene que ante esta situación se pueden presentar distintos tipos de secuencias jurídicas. Por un lado, si el Juez Federal y el Juez Provincial se declaran incompetentes «En principio no se paraliza la causa y el Juez Federal continua con la investigación». Alude, que quien deberá resolver quien es competente, es la Corte Suprema de Justicia de La Nación «ante una incompetencia del juez federal y provincial».
En el segundo caso, el abogado remarca que si el Juez Provincial declara su competencia para llevar adelante la investigación: «lo que debe hacerse, es pasársela a los fiscales provinciales quienes van a influir en la causa. El fiscal provincial también se puede oponer o no, o sea,
es un intrincado jurídico tremebundo».
Por último, destacó que una última posibilidad sería que «la Cámara Federal, ante la apelación fiscal, digan ‘tiene razón el juez federal’ con lo cual se le terminan los argumentos a los fiscales, salvo una posible casación que vaya a Comodoro Py, y que allí decidan quien es el competente».
Raymundo Sosa, remarca que esta situación lo que hace es dilatar la causa, que puede demorar 3 meses o más, y que «quien va a ser, el que va a juzgar, es una incógnita».