Viviana Fernández y Javier Eduardo Navarreta, exgerentes del PAMI en Salta, fueron condenados a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia en el 2020.
Ahora, la investigación salpicó a La Cámpora, porque en el juicio dos de los tres acusados dijeron que dejaban el 20% de su sueldo para la agrupación y que esta retención estaba a cargo de Marcos Vera, exdirector de la ANSES en Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y de Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta.
“Estas noticias realmente causan mucha preocupación, dolor, tristeza y bronca, una mezcla de sentimientos. Cuando nosotros llegamos al PAMI no cambiamos ningún jefe de agencia y mucho menos por cuestiones ideológicas. El PAMI es una institución compleja”, sostuvo en Radio Pacífico la diputada provincial y ex titular del PAMI en Salta, Gladys Moisés.
Al asumir la nueva gestión se cambiaron todos los jefes de agencia, esto para Gladys “fue una medida bastante seria y perjudicó a los afiliados. Todos jóvenes que no tenían la capacidad y experiencia para manejar una agencia”.
Una de las acusadas que finalmente fue absuelta, Emilia Suárez, aseguró que ella recibió la designación en le PAMI que no era para ella, sino que era para su hija que es militante, pero como no podía por cuestiones de estudios, asumió ella.
“No cabe ninguna duda de que hubo falta de ética, es gravísimo. En el PAMI jamás pasó que algún empleado tenía que hacer un aporte de su sueldo a un partido. Hay una falta de empatía con los más vulnerables, se tienen que corregir esas cosas. Está bueno que esto salga a la luz porque la gente necesita que esos organismos funcionen bien”, aseguró Moisés.