La Unidad Fiscal conformada por Verónica Simesen de Bielke y Gabriel Alejandro González, imputó al diputado provincial Gustavo Orozco provisionalmente por los delitos de coacción agravada por el uso de arma de fuego, en perjuicio de una víctima, en concurso real con el delito de amenazas, en perjuicio de otra. Previamente y en el marco de la misma causa, el efectivo policial Sergio Gustavo Guzmán, fue imputado por el delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego.
“Son dos personas que denuncian la comisión de hechos practicados de la misma modalidad que sucedieron durante el mes de julio con la intervención del señor Orozco que ya fue citado. La fiscalía ya inició una investigación, previo a ello fue necesario realizar algunas gestiones para ubicar a la persona”, comentó en Radio Pacífico el fiscal González.
La audiencia de imputación tuvo que ser postergada en diferentes oportunidades porque, primero no era posible dar con el legislador para notificarlo, y después presentó un certificado médico por “lumbalgia”. Después de esto, en el día de ayer el acusado se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos.
“Ahora se abre una investigación que cuenta con un plazo determinado de 4 meses que pueden prorrogarse y durante ese tiempo habrá que determinar si surgen elementos suficientes para sustentar un requerimiento a juicio o si los elementos son insuficientes y se desvincula a la persona del proceso penal”, explicó el fiscal.
Lo denunciado por una de las personas es que Orozco, junto al policía Guzmán, lo interceptaron en la calle y le dijeron que si no levantaba las denuncias le iban a meter un tiro y “te voy a encontrar en la calle y te voy a matar” fue la frase textual que denunció la víctima.
“El señor Orozco ya declaró, hizo las aclaraciones pertinentes, ofreció las pruebas que creía y a partir de este momento la fiscalía continúa la investigación para tomar una decisión. Ya se ha establecido que las personas que gozan e privilegios constitucionales tienen inmunidad de arresto, pero no inmunidad de proceso. Se han establecido medidas cautelares para las víctimas”, sostuvo González.