Desde el 2019 que el Observatorio de Violencia Contra la Mujer funciona con la mitad de sus directoras. La ley 7.863 que creó el organismo en el 2015, establece que deben ser seis las directoras, una en representación de cada organismo: la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Ejecutivo provincial, las organizaciones feministas, el Poder Judicial y las Cámaras de Diputados y Senadores.
Actualmente trabajan Ana Pérez Declerq, por parte de la UNSa; María del Pilar González Sastre, por el Poder Judicial, y Florencia Sánchez, por Diputados. En diciembre del 2019 se eligió a la representante por las organizaciones de las mujeres que resultó ser Irene Cari. El concurso que se realizó con procedimientos y jurados de las propias organizaciones, fue impugnado en la Justicia, que dio a lugar para que el concurso se organizara nuevamente. Sin embargo, esta decisión fue apelada por Cari y en mayo pasado obtuvo un fallo a favor de la Corte de Justicia que ordenó que finalmente asumiera.
“Estamos esperando la respuesta vía administrativa que ya se ha realizado hace más de una semana y media. El fallo salió el 26 de mayo de este año, yo demoré un mes para poder ingresarlo al Observatorio, pero cuando lo ingresé fue rechazado porque era una copia y debe estar certificado por la Corte. Recién ahora en septiembre me entregaron el fallo certificado y se ingresó vía administrativa con todos los requisitos que solicitaron y hasta ahora no tengo ninguna respuesta”, sostuvo en FM Pacífico Irene Cari.
Sin embargo, principalmente por la falta de designaciones de parte del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, a cargo de Ricardo Villada, el organismo de vital importancia en una de las provincias con mayores tasas de femicidios del país, no logra funcionar con su directorio completo. Desde el 2019 que quedaron vacantes los cargos del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y las organizaciones de mujeres. Si bien este año asumió la representante por Diputados, por otro lado renunció la representante del Senado.
“Los trabajos de los movimientos de mujeres están ausentes hace 3 años. Tendríamos que haber estado trabajando todo este tiempo, pero así es la justicia y evidentemente la vida de las mujeres vale tan poco que no se puede invertir ni el tiempo de la justicia. Me dijeron que hay que tener paciencia, pero ya pasaron 3 años, cuánto más hay que esperar”, sostuvo Cari.
Para la referente es una cuestión política lo que está sucediendo y aseguró que de todas formas, ella sigue trabajando junto a la ONU para ayudar a las mujeres indígenas quienes son las que más sufren discriminación.