El Ministerio de Salud Pública de Salta y la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad promueven la difusión de información para la interrupción voluntaria del embarazo, con afiches y flyers que se pueden descargar mediante código QR.
“Esta campaña viene a atacar uno de los principales problemas que hay con respecto a la IVE que tiene que ver con el acceso a la información. Fue propuesta desde el Ministerio de Salud con la idea de acercar información, no solo ligada a la IVE, sino también con el derecho que tienen las personas de acceder a métodos anticonceptivos para evitar cualquier embarazo no deseado”, dijo en FM Pacífico Itatí Carrique, secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta.
En esta campaña, que se llevará adelante en hospitales, centros de salud y organismos donde concurra mucha gente, se busca que la gente pueda acceder a esta información a través de un código QR y se impulsaron también dos líneas de comunicación provinciales. Las consultas serán totalmente anónimas y confidenciales.
“La provincia está avanzando en brindar una respuesta ante la necesidad que hay de cumplir con la IVE. Estamos dando pasos muy importantes”, aseguró la funcionaria.
Por otor lado, explicó que hoy en día el principal problema que hay con las obras sociales y empresas de medicina prepaga, no es que no tienen médicos para llevar adelante las interrupciones, sino que se niegan a cubrir el costo de las mismas.
“En la ley está indicado que tanto el Estado como las empresas privadas son responsables de garantizar el acceso a una IVE o ILE. No es que no hay médicos, sino que no están reconociendo los tratamientos. En cambio, en el caso del Estado si estamos hablando de que faltan médicos para poder brindar un acceso correcto a estas prácticas”, manifestó.
La ley que fue aprobada casi un año y medio atrás, contempla la objeción de conciencia para los médicos, pero no para enfermeros o enfermeras, ecografistas o personas que se encuentran en la administración de un hospital o centro de salud. Además, la objeción de conciencia es individual, ningún centro médico puede ser objetor de conciencia.
“Cuando una persona solicita el acceso a la IVE o ILE tiene que tener una respuesta en 10 días, no puede dilatarse más que eso. Ahí es cuando las instituciones que tienen médicos objetores deben hacer una derivación”, comentó Carrique.
Finalmente, contó que en el 2021 hubo 3010 interrupciones del embarazo, de las cuales el 92% fueron interrupciones voluntarias del embarazo y el otro 8% interrupciones legales del embarazo.
La diferencia entre estas dos es que la IVE, que es la cual se aprobó en el 2020, contempla que cualquier persona gestante puede acceder a la práctica solamente apelando a su voluntad, siempre y cuando ese embarazo esté contemplado hasta la semana 14. No necesita ningún tipo de explicación ni documentación respaldatoria para acceder al tratamiento.
En tanto, la ILE es algo que está contemplado hace más de 100 años en nuestra legislación y apunta a que una persona gestante tiene derecho a acceder a la misma cuando existan algunas condiciones, como ser que haya sido víctima de una violación, que ese embarazo esté poniendo en riesgo su salud o su vida o que sea una persona con discapacidad. Esta interrupción puede darse más allá de la semana 14.