El Presidente de la Auditoría General de la Provincia se refirió a las denuncias contra el Ex Intendente de San Lorenzo, «Kila» Gonza.
El proceso inició durante el 2018 con una serie de requerimentos que le fueron cursados al municipio sin que los mismos hayan tenido contestación de parte del entonces Intendente Gonza. Ésto motivó a la Auditoría a que el dia 31 de enero de 2019 presentara una denuncia penal por la omisión del intendente a cumplimentar con estos requerimientos. Lo cierto es que los requerimientos de la auditoria tienen un respaldo constitucional y legal en el sentido de su obligatoriedad de ser contestados.
Sin embargo, a lo largo del 2019, a pesar de la omisión, la Auditoría pudo avanzar y concluir en una auditoria que a posterioridad motivaron una segunda denuncia penal que se hizo el día 28 de enero de este año.
«Estas operatorias administrativas detectadas tenían que ver con operatorias con vales para retirar dinero que no había sido rendido, vales entregados a concejales en instancia de elecciones, algunas cuestiones vinculadas a facturas de justificación de gastos. Una serie de cuestiones que no somos el organismo apto y con competencia para afirmar la comisión de un delito penal pero si tenemos la obligación de presentarle todos los antecedentes al fiscal que es quien tiene la competencia de determinar si sucedieron las cosas o no conforme nosotros la presentamos» explicó Gustavo Ferraris en relación a la Municipalidad de San Lorenzo.
Si hubo delito no lo sabemos, lo que si constituyen irregularidades administrativas que ameritan ir un paso mas alla.
Gustavo Ferraris
Concretamente la auditoría tiene dos denuncias penales contra el intendente Gonza. «No nos interesa cual es la conclusión de eso, porque no nos compete, somos auxiliares de la justicia. Cuando requiere profundizar sobre algún aspecto nos pide colaboración y tenemos la obligación de hacerlo» agregó Ferraris.