El ejecutivo salteño promulgó la ley 8.145 que permite que los fondos incautados por delitos de narcotráfico se destinen a tareas de prevención de las personas afectadas.
La nueva ley admite que tanto las multas, como los beneficios económicos y bienes decomisados – producto de la narco criminalidad- se destinen a solventar los gastos vinculados a las investigaciones de los delitos narco criminales, como así también, para la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de drogas, lo que de alguna manera, ayudaría al trabajo que realiza la UFINAR (Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico).
En diálogo con FM Pacífico, Martín Teruel – encargado de la Secretaría para el Abordaje Integral de Adicciones- explicó que esta ley tiene un valor muy importante en las tareas que ellos llevan a cabo, debido a que “tiene un valor real y concreto de poder sumar los esfuerzos que se tienen que llevar adelante desde distintas áreas del estado para trabajar en prevención y la lucha del delito de la venta de droga”. Asimismo, recalcó el “valor simbólico” que conlleva esta ley al decir que “de alguna manera aquello que fue puesto a servicio del daño para las personas, pueda ser puesto en los procesos de recuperación”.
Teruel, remarcó que es importante reconocer que hay una gran diferencia entre prevención con “intervención de la fuerza de seguridad” y aquella que tiene que ver con “combatir la oferta de droga a partir de medidas preventivas”. Sobre lo segundo, subrayó que “el problema de la gente que consume drogas no es solamente que alguien le ofrezca sustancias sino saber cuáles son los motivos que llevan a esa persona a recurrir a las drogas” y ahí es donde se debe trabajar fuertemente.
Además, el psicólogo reconoció la rapidez con la que va actuar la justicia con los bienes incautados y requeridos del comercio ilegal de droga, debido a que la “prontitud es una cuestión clave” para ponerlos al servicio de las tareas de prevención.
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