Tras la decisión de suspender la primer audiencia por la causa de obras públicas, la Corte comunicó que en la próxima semana comienza el juicio contra la ex presidenta. También son juzgados Lázaro Báez, Julio De Vido y el primo de Néstor Kirchner, entre otros.
Después de 48 horas de marchas y contramarchas, Cristina Kirchner se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados el martes 21 de mayo al mediodía, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez. La Corte comunicó en la mañana de ayer, que pese a que debe resolver ocho recursos de queja, devolverá la causa para que el juicio se inicie sin alteraciones en su calendario.
En la Sala AMIA, la de mayores dimensiones de los Tribunales de Comodoro Py, se realizará la semana próxima la primera audiencia del principal juicio contra la senadora de Unidad Ciudadana. El inicio del juzgamiento a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2),será el martes y durará al menos hasta mayo del próximo año. Cristina está obligada a ir el primer día, cuando estará sentada junto a otros quince acusados. Después de ese primer encuentro, podrá solicitar no asistir hasta que sea su turno de declarar.
El TOF 2 está integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Se estima que en la primera audiencia fijada para el mediodía del 21 de mayo, habrá más de 60 personas, si se suman los 16 imputados y sus abogados defensores, más las partes acusadoras -Oficina Anticorrupción (OA), Unidad de Información Financiera (UIF)-, y el personal de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Sobre la causa, los fiscales manifestaron que se instauró una «maniobra de corrupción» , desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez»: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Según Pollicita, en esta causa se investiga una «operatoria criminal» con la cual desde el Gobierno anterior y diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de $ 46.000 millones».
Para la fiscalía, se configuró un esquema «de beneficios exclusivos» para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner». A los ex presidentes se los apunta como los responsables de «diseñar la maniobra» y de «erigir a su amigo personal» -Lázaro Báez- como contratista del Estado.
Fuente: Clarín