El presidente Alberto Fernández suspendió la agenda que tenía prevista en Buenos Aires y viajó a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala, quien se encuentra internada tras sufrir una trombosis venosa profunda y sus declaraciones suscitaron respuesta desde sectores de la justicia jujeña.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que fue «una falta de respeto» al pueblo jujeño que el mandatario solo haya viajado a la provincia para realizar una «visita personal» a la líder de la Tupac Amaru.
“Primero que nada, comparto plenamente los dichos del gobernador, en el sentido de que la visita de ayer a una delincuente es una provocación al pueblo de Jujuy. En cuanto a las manifestaciones del arco político vinculado al kirchnerismo que dicen que es una persecución política, yo lo descarto totalmente”, dijo en FM Pacífico el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda.
Miranda aseguró que en las condenas de Milagro Sala han intervenido innumerables jueces y fiscales de gobiernos anteriores y que las condenas son por hechos que han sido probados.
“Acá se llevó adelante un proceso impecable que duró más de 6 meses, un juicio oral y público donde declararon más de 100 testigos, donde pudimos escuchar la violencia con la que actuaba para apropiarse de fondos públicos que tenían como destino la construcción de viviendas sociales. Les robaron a los más pobres, que ellos decían proteger”, sostuvo el fiscal.
Además, habló sobre la Megacausa. La investigación analiza el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente Milagro Sala. Allí también está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita. Según la acusación, 1836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organización Tupac Amaru jamás fueron construidas, mientras otras 524 otras estaban inconclusas, ello en el marco del «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria.»
“Esa causa está con pedido de elevación a juicio. Hay más de 40 imputados, no solo Miagro Sala. Se detectó un faltante de casi 2000 viviendas, lo que al día de hoy podría costarle al Estado 16.000 millones de pesos”, comentó.