Las comunidades indígenas de los departamentos del norte de Salta no tienen agua potable y ahora dependen de una medida judicial para que sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y el acceso a la justicia les sea asegurados. Atendiendo a esas necesidades, la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó una acción de amparo colectivo pedir que esos derechos sean asegurados.
“Nosotros venimos trabajando desde el año pasado acompañando a la provincia en esta tarea tan difícil con este problema que lleva tantos años. Venimos trabajando bien, pero decidimos presentar el amparo porque, si bien reconocemos que hay avances importantes, también es cierto que hay cuestiones que hacen que cada periodo estival volvamos a recurrir al mismo problema. Hay que resolver de manera urgente y si no empiezan a darse pasos firmes vamos a seguir teniendo estos problemas”, dijo Marisa Graham, defensora nacional, en Radio Pacífico.
En principio, la respuesta que tuvieron no fue la mejor ya que la jueza se declaró incompetente, después de que desde la Defensoría apelen esa medida, se ordenó a la jueza que tomara algunas medidas cautelares al respecto.
“Lo que pretendemos es que frente al éxito que tuvo la mesa interministerial con un trabajo combinado con Nación, tengamos éxito con el tema del agua. Necesitamos un plan concreto con medidas completas y un plan nacional articulado para que se haga efectivo. La provincia necesita más acompañamiento para hacer estas obras”, aseguró Graham.