La jueza Marta Cirulli, a cargo del concurso del Correo Argentino que administra la familia de Macri por la deuda millonaria que tiene con el Estado, resolvió intervenir la empresa por ocultamientos reiterados de información. La resolución dispone una “coadministración”, pero no desplaza a los que están a cargo.
El concurso entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son SOCMA y SIDECO, claves en el grupo empresario de la familia presidencial.
La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.
La jueza señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.
La empresa Correo, en su situación concursal actual, está declarada inactiva. A pesar de esto, la fiscalía ante la Cámara denunció distintos tipos de erogaciones que podrían implicar desvíos y/o vaciamiento. Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros con sociedades y abogados amigos.
La intervención, señala la resolución, es la respuesta posible ante la omisión de información o un acto que perjudique a los acreedores. Recuerda que le reclamó tres veces la información.
El coadministrador deberá cumplir con “las labores a cargo de la sindicatura controladora, y con las sindicaturas general y verificante también. También deberá participar en las deliberaciones de la administración y proponer al directorio medidas para reorganizar la estructura. También tendrá que entregar toda la información que adeuda. La intervención, por lo pronto, durará 30 días.
Fuente: Nuevo Diario