En una entrevista concedida a FM Pacífico, el ingeniero en construcción y revisor de normas sismorresistentes del COPAIPA, José Luis García, compartió sus experiencias tras su viaje a Turquía y Siria en respuesta al devastador terremoto que sacudió ambas naciones el 6 de febrero de este año, cobrando la vida de casi 60 mil personas y dejando a más de 120 mil heridas, convirtiéndose en el mayor desastre natural en las últimas dos décadas en la región.
García comenzó la entrevista reflexionando sobre la magnitud de la tragedia, destacando que «Uno no se puede imaginar un terremoto con semejante magnitud a las 4 de la mañana, con una tormenta de nieve y que a las 9 horas haya otro a 80 km de la misma magnitud». Tal situación excepcional lleva a la movilización de técnicos de todo el mundo, como él mismo, para comprender lo sucedido y evaluar la eficacia de las normas sismorresistentes.
El ingeniero subrayó la importancia de analizar tanto los aspectos técnicos como humanos de estos desastres. Afirmó que, si bien se enfocan en examinar los edificios y su respuesta ante un sismo, no pueden pasar por alto el impacto humano. «La parte humana y cómo se trastoca la vida de las personas después de un terremoto es algo que no solemos pensar y trabajar. Esta gente lleva 6 meses viviendo en centros de refugiados», dijo García.
En cuanto a las normas sismorresistentes, García explicó que, si bien hubo un colapso significativo de edificios (estimado en un 30% de los edificios construidos antes de la norma actual), las normas técnicas son sólidas desde un punto de vista teórico. La brecha se encuentra en la ejecución de la obra, donde no se cumplieron los estándares especificados en los proyectos y planos, además de problemas relacionados con la calidad de los materiales utilizados.
El objetivo principal de estas normas es preservar la vida humana, aunque la viabilidad de los edificios se evalúa posteriormente. García mencionó que se están modificando los códigos de construcción en las ciudades afectadas para la reconstrucción, con planes de proporcionar créditos accesibles para que la población pueda reconstruir sus viviendas. Sin embargo, advirtió que este proceso llevará tiempo.
En cuanto a la inspección de obras, García destacó que el sistema en teoría funciona, pero el problema radicó en la falta de control entre las constructoras y las compañías de inspección. «Hay mucha gente con juicios, tanto las constructoras como las compañías de inspección y algunos ya están encarcelados», afirmó García.
García hizo hincapié en la necesidad de revisar y reforzar la regulación de edificios construidos antes de la normativa actual, especialmente en zonas de riesgo sísmico como Salta. «Estamos siempre peleando por la reglamentación de la ley para que se empiecen a revisar todos los edificios construidos antes del año 80», destacó.