Hace 9 años, el Senado de la Nación, en ese entonces presidido por Amado Boudou, aprobó 43 pliegos para que jueces y fiscales ocupen cargos vacantes en el Poder Judicial.
Entre los nombres de los postulantes que fueron avalados por la mayoría K en el Senado figuraba el de Diego Luciani, el actual fiscal del juicio por corrupción en la obra pública que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner y que desde el lunes empezó a leer sus alegatos en los que apuntó contra la vice por su responsabilidad en la maniobras de direccionamiento de contratos a favor de Lázaro Báez.
Con estos alegatos recibió muchas críticas de funcionarios kirchneristas, como por ejemplo el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien habló de “persecución política”. “Es una serie trucha de Netflix”, afirmó, y expresó: “Lo único que quieren es a Cristina en el banquillo de los acusados”.
“Todos los funcionarios públicos estamos sometidos a la crítica por la actividad que realizamos. Todas las personas tienen derecho a cuestionar o tener una opinión diferente a lo que uno realiza, siempre y cuando se haga en un marco de respeto y que no se utilice la herramienta del agravio personal como modo de atacar la tarea. En ese marco todos tienen una posibilidad de expresarse en contra o a favor de la tarea que realiza algún operador judicial. Lo que resulta preocupante es cuando funcionarios públicos tratan de menoscabar un proceso judicial, eso es básico”, dijo en FM Pacífico el Fiscal Federal de Salta Ricardo Toranzos.
EL fiscal aseguró que la República se sostiene en base a funciones estatales, la función de legislar que le corresponde al Congreso, la de ejecutar la norma que le corresponde al Poder Ejecutivo y la aplicación al caso concreto que le corresponde al Poder Judicial y cada una de estas funciones tiene que tener transparencia.
“Por eso, cuando alguien plantea que el proceso judicial es “payasesco” está negando la estructura estatal de Estado de Derecho que nosotros planteamos y nos da una inseguridad. Yo tengo que tener la tranquilidad de que todas las personas van a ser sometidas a un debido proceso para establecer un grado de responsabilidad. Cuando yo desde afuera niego ese proceso en realidad estoy planteando que no todos somos iguales ante la ley”, expresó Toranzos.