El presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró ayer como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz en el que la principal acusada es la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
“Me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque lo que están discutiendo son cuestiones políticas no judiciables”, dijo Fernández y agregó: “Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara”.
“Estas cuestiones de ningún modo pudieron ser arbitrarias porque hay que tener presente, y me da la impresión que esto no se tiene muy en cuenta, como funciona la aprobación de un presupuesto. No es decisión de un presidente que decide cómo se reparte la plata. Es una decisión de muchísimas personas y después va al Congreso donde se genera un debate enorme porque cada diputado pelea por su provincia”, sostuvo el presidente en su declaración.
Después de las preguntas de las defensas fue el turno del fiscal Luciani y allí se vivieron los momentos más tensos del juicio. Primero porque el fiscal y Fernández tuvieron un cruce y porque Luciani y las defensas se enfrentaron por las preguntas, lo que obligó a que el Presidente en un momento tuvo que salir de la sala para no presenciar la discusión.
“En realidad lo que se investiga en esta obra pública es la reasignación presupuestaria, es decir, más allá de la Ley de Presupuesto, que pasa cuando se modifica una partida para incrementarla en un lugar sacando de otro. Esto es un problema en Argentina porque sobre una Ley de Presupuesto en el Congreso, también generalmente se ponen facultades a los distintos administradores para que la modifiquen”, explicó el Dr. Sebastián Aguirre Astigueta, abogado, en FM Pacífico.
Para el letrado lo importante es partir desde el contrato de obra pública y analizar de donde se sacaron esos fondos y si tienen correlación para saber si esa determinación de obra fue de acuerdo a la ley o no.
“Por un lado, está la responsabilidad administrativa y legal. El presidente no puede ser responsabilizado por lo que hace una Secretaría de Obras Públicas municipal con fondos nacionales. Por otro lado, está el tema de sobreprecio. Indudablemente existen sobreprecios en la obra pública, siendo una economía inflacionaria claramente lo que se pacta del pecio de una obra, con las demoras luego se debe determinar un nuevo precio. Muchas veces en ese sobreprecio están las coimas”, explicó Aguirre.