Ayer en un fuerte operativo encabezado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, acompañado por Policía de la Provincia, de Seguridad Aeroportuaria y de la Federal, que se realizó en 18 propiedades a nombre del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, familiares y allegados, dejó como resultado el secuestro de vehículos importados, dinero en efectivo, entre euros, pesos y dólares entre los que sumaban $200 millones, diversa documentación, y un arma con municiones.
La orden de allanamiento había sido solicitada por la Unidad Fiscal integrada por la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, y que fue autorizada por el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, tras una denuncia web por supuesto enriquecimiento ilícito contra el intendente de esa ciudad.
Después de este escándalo, trascendió la información de que Provincia pediría la presentación de un proyecto de ley para la intervención de la Municipalidad de Salvador Mazza. El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada anticipó que, si esto no se resuelve en el seno del municipio en las próximas horas, pedirán a la Legislatura que apruebe la intervención.
“En principio no ha ingresado nada a la Cámara todavía, tengo entendido que tampoco al Senado. Ingresaría al Senado para ser tratado en el día de la fecha y en ese caso nosotros el martes estaríamos avocados a dar la media sanción necesaria para dar lugar a la intervención”, comentó la diputada provincial Socorro Villamayor en Radio Pacífico.
En la denuncia presentada el 2 de septiembre, se informaba que Méndez y sus familiares habían comprado este año dos vehículos importados BMW de alta gama y una camioneta Ford F-150 Raptor por un valor aproximado de $56.835.000. Según se especificaba en el escrito, el jefe comunal y sus allegados no podían justificar cómo habían adquirido esos vehículos ya que “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de $50.000 aproximadamente”.
“Es extremadamente triste pensar que, en uno de los departamentos más pobres, donde el contrabando es el apunte peramente y la inseguridad es manifiesta, encontrar una situación de un intendente así. Los montos que se evidencian son alarmantes. Son cosas que muchas veces pasan en las narices de los vecinos. Se observa una gran crisis en Salvador Mazza y la responsabilidad de diputados y senadores es la intervención”, dijo Socorro.