La situación con los puesteros del Parque San Martín es cada vez más tensa. A horas de que finalice el período que tienen asignado para seguir comerciando en el lugar, luego del cual deberán abandonar el espacio público, aún no se llegó a ningún acuerdo para que continúen trabajando: ni en dicho parque ni en ningún otro lado.
El viernes pasado, el municipio se hizo presente en la audiencia de conciliación, convocada por la Dra. María Victoria Mosmann. En la oportunidad, el Procurador Adjunto de la Municipalidad, Ramiro Angulo, y la Interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, detallaron los ejes del proyecto a futuro, brindando detalles acerca de la reubicación de los vendedores, que están acreditados, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, en el marco del Plan Integral de Ordenamiento y Recuperación de los Espacios Públicos.
“Hoy está todo judicializado y tenemos que esperar que se resuelva esta situación. Tenemos una nueva audiencia para el 5 de marzo, pero mientras tanto seguimos avanzando en el proyecto que les habíamos adelantado en varias oportunidades. Es una obra que quedaría muy linda y más teniendo en cuenta que quedaría en el acceso a la Ciudad. Se va a construir algo lindo, con sectores para sombra, canteros, algo bonito y seguro para que puedan estar ahí”, dijo en FM Pacífico Pontussi.
La funcionaria explicó que lo que se está buscando mover son los kioscos de lata verde que están al costado del lago, los cuales se ubicaron ahí en el 2008 con un permiso de 3 años que luego se fue prorrogando año tras año, hasta ahora.
“La última prórroga sabían ellos perfectamente que se les vencía el 31 de diciembre del año pasado e intentaron volver a conseguir otra, que fue vetada. La ordenanza por un lado habla de 215 feriantes, cuando hay alrededor de 250. Han armado puestos, un anexo y la situación no es la misma para todos”, sostuvo.
Pontussi contó que los feriantes debían pagar $7.000 mensuales para el mantenimiento y limpieza de los baños, pero hoy hay muchos que tienen deudas de más de$100.000. Además, otras irregularidades que se encontraron tienen que ver con la desvirtuación de rubro y los alquileres o ventas de los puestos.
“Por esto, la Dra. Bettina Romero sacó un decreto donde dice que los que han cumplido la ordenanza podían quedarse y prorrogarse hasta el 28 de febrero. Sin embargo, la judicialización la hicieron todos juntos, pero ellos entiende y admiten que no es todo lo mismo porque hay gente que no aporta o que se sumó hace algunos meses nomás”, aseguró Susana.