El Gobierno elimina beneficios para más de tres millones de usuarios. Los subsidios energéticos solo alcanzarán a hogares vulnerables. La medida forma parte del ajuste fiscal acordado con el FMI y se complementa con una revisión tarifaria.
La Secretaría de Energía avanza con una profunda reestructuración del esquema de subsidios a la energía que está en sintonía con las exigencias incluidas el acuerdo con el FMI. A partir de octubre de 2025, solo los hogares en situación de vulnerabilidad seguirán recibiendo asistencia del Estado en sus facturas de luz y gas.
Este cambio estructural, alineado con el objetivo de reducir el gasto público, dejará sin beneficios a más de tres millones de usuarios de clase media, que hasta ahora accedían a descuentos parciales.
El nuevo modelo reemplazará el sistema de segmentación por niveles de ingreso (Niveles 1, 2 y 3), vigente desde 2022, y consolidará una categoría única de subsidio para los sectores más vulnerables. La clase media, hasta ahora incluida en el Nivel 3, perderá ese derecho, mientras que los hogares de ingresos altos, ya excluidos del beneficio, continuarán pagando tarifa plena.
Aunque el nuevo esquema entrará en vigencia después de las elecciones de octubre de 2025, Energía ya comenzó a aplicar recortes parciales. Según confirmaron fuentes oficiales, los hogares de ingresos bajos verán una reducción del 65% en los subsidios, mientras que los de ingresos medios sufrirán una quita del 50%.
La estrategia busca evitar un «shock tarifario» brusco, al tiempo que permite cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal impuestas por el FMI.
Revisión tarifaria: rentabilidad garantizada
Paralelamente, el Gobierno publicó las Revisiones Quinquenales de Tarifas (RQT) 2025-2030 tanto para el sector del gas natural como para el sistema de distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este nuevo marco regula los ingresos de las empresas y garantiza actualizaciones periódicas para que no pierdan rentabilidad frente a la inflación.
A través de las resoluciones 255 a 267 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), se aprobó el sendero tarifario para transportistas y distribuidoras de gas:
Tasa de rentabilidad (WACC): 7,64% para distribuidoras y 7,18% para transportistas, en términos reales.
Actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD): a partir de mayo de 2025, con aumentos del 3% mensuales y ajustes periódicos no automáticos.
Índices de ajuste: ponderación del 50% entre el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor).
Plan de inversiones obligatorias: se aprobó una hoja de ruta con metas físicas y presupuestarias para garantizar el desarrollo de la infraestructura de gas hasta 2030.Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó las resoluciones 303 y 304, que establecen el nuevo régimen tarifario para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana:
Tasa de rentabilidad: 6,5% sobre los activos, en términos reales, después de impuestos.
Base de capital: fijada en diciembre de 2023, actualizada al valor de mayo de 2025 con IPC (33%) e IPIM (67%).
Aumentos mensuales: 3% desde mayo de 2025, con actualización continua según inflación y ajuste anual vinculado a la ejecución del plan de inversiones.
Inversiones: aunque no se detallaron obras específicas, se establecieron lineamientos generales para el desarrollo de la infraestructura eléctrica y la mejora de la calidad del servicio.Desde la crisis de 2001, el Estado había asumido un rol central en la contención del precio de los servicios públicos, incluso a costa de un déficit creciente. Con esta nueva estrategia, el Gobierno prioriza la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del sistema, pero a costa de un mayor esfuerzo económico para los usuarios.
Especialistas advierten que este cambio, sumado al aumento de tarifas, puede generar presión inflacionaria y malestar social, sobre todo en sectores asalariados que ya destinan una porción creciente de sus ingresos al pago de servicios esenciales.