En una entrevista en FM Pacífico, David Leiva, abogado de la familia de Liliana Ledesma, ha expresado su preocupación acerca de la suspensión de la audiencia debate contra los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo «Hula» Castedo, acusados del homicidio de Liliana Ledesma en Salvador Mazza en 2006. La suspensión fue decidida por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Laurenci (presidente), Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi (vocales), debido a un recurso de queja presentado por la defensa de los acusados ante la Corte de Justicia de Salta.
Según Leiva, esta suspensión “es una secuela de desaciertos del tribunal oral y representa una falla de la corte de justicia de la provincia. Ya en 2019, la corte advirtió al tribunal de juicio que debía realizar las audiencias de debate y los instó a cumplir con su deber. Sin embargo, se han seguido presentando obstáculos que han llevado a la postergación del juicio”.
Uno de estos obstáculos fue cuando el abogado defensor de los Castedo, Ramón Saldaño, solicitó al tribunal que no se realizara la audiencia de debate argumentando su candidatura a diputado provincial. Aunque Saldaño era un defensor particular y no un empleado público de la provincia, el tribunal accedió a su petición.
Otra cuestión que se plantea es la virtualidad del juicio, presentada por la defensa, y que el tribunal debería haber rechazado de oficio. Leiva argumenta que esta virtualidad retrasa la justicia y se asemeja a una denegación de la misma, ya que ha pasado más de una década desde el crimen y aún no se ha realizado el juicio.
“Se me ocurre que los jueces están motivados por un miedo no dicho. Cuando hay miedo no debieran los jueces aceptar el cargo. No hay otra explicación, no se puede entender de otra manera. La Corte está avalando esta denegación de justicia para la familia Ledesma. Ellos tienen la facultad de superintendencia para revisar la conducta de los jueces y a partir de allí disponer sanciones, llamados de atención y apartamiento de los jueces”, indicó el abogado.
Por otro lado Leiva aseguró que “están encaminando el tema para que se venza el plazo razonable para permitir la absolución de los Castedo. No se entiende que la justicia de Salta y las fuerzas de seguridad provinciales o nacionales no puedan garantizar la seguridad de un juicio en Orán”.
Finalmente, el letrado manifestó que ahora deben esperar que la Corte se expida para poner una nueva fecha, pero tiene 30 días para hacerlo.