Hay una gran polémica por el nuevo decreto firmado por Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Carla Vizzotti que resuelve que los trabajadores deberán permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociada su empleador, algo que hace años reclama la CGT.
“Lo que pasa es que hay muchos actores en esa decisión que aparentemente es administrativa pero tiene una implicancia tremenda en el financiamiento del sector salud”, explicó el Dr. Julio Vilchez, Especialista en Gestión de Servicios de Salud. Hay una ley de desregulación en la que se permitió hacer los traspasos de las obras sociales, pero el sistema de obras sociales es un porcentaje de lo que gana el empleado y un porcentaje que pone la patronal. “Es totalmente solitario porque el que más tiene más aporta. La trampa vino cuando se produjo la desregulación, las prepagas se aliaron con las obras sociales más chicas, las absolvieron administrativamente e hicieron una gran oferta prestacional”, explicó.
Este decreto lo que busca es proteger a las obras sociales tradicionales de la competencia que la desregulación inauguró con las empresas de medicina privada en alianza con gremios más chicos. “Si yo soy una obra social chica y tengo atrás una gran prepaga todo el mundo va a querer venir y desregular hacia mí. Las otras obras sociales se están quedando sin afiliados porque están totalmente desfinanciadas, no son lo que fueron 30 años atrás”, comentó Vilchez.
Ahora, el problema en esto está en que si la obra social de un rubro de trabajo es una obra social chica no le va a poder dar buenas prestaciones a los afiliados, por lo que sale a contratar gerenciadoras que hay en el mercado para que le garanticen por lo menos las prestaciones del programa médico obligatorio. “Vamos a presenciar una gran crisis de las prepagas a nivel nacional, hay 6 millones de personas que van a tener serios problemas”, dijo el Dr.
