En una entrevista en FM Pacífico, la jueza Tatiana Dip Torres, titular del Juzgado Penal Juvenil 1 de Salta, compartió detalles cruciales sobre la reciente aprobación del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil para Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Cámara de Senadores de Salta. Esta reforma legal, que finalmente entró en vigor el 5 de septiembre, representa un hito en la implementación de una ley que había experimentado numerosas prórrogas desde su sanción en 2018.
Dip Torres subrayó la importancia del cambio al afirmar: «Lo que quiere decir que cambia el procedimiento de jóvenes en conflicto y la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de todos los operadores en torno a un sistema especializado como es el penal juvenil». Esta modificación implica un giro fundamental en la forma en que se abordan los casos de menores de 18 años involucrados en delitos en la provincia.
Antes de esta reforma, el sistema penal juvenil se consideraba obsoleto en comparación con el sistema de adultos. Dip Torres explicó: «El régimen venía en comparación del tratamiento en procedimientos con adultos, era un régimen que venía retrasado en cuanto a los cambios de paradigmas». Sin embargo, la elevación de este proyecto por parte de la Corte de Justicia de la provincia a la Cámara de Diputados y Senadores tenía como objetivo equiparar el sistema acusatorio de los jóvenes con el de los adultos.
La jueza también detalló el contexto legal que rige la imputabilidad de los menores, citando: «La ley nacional es la que establece el límite de edad en cuanto a la imputabilidad de un hecho delictivo, esa ley establece que a partir de los 16 años los jóvenes que cometen ciertos delitos que superen la pena de 2 años y medio, son jóvenes imputables, es decir, se les abre un proceso penal por el hecho acusado». Esta franja etaria comprende a jóvenes de 16 y 17 años, mientras que a partir de los 18 años, intervienen jueces de garantías, ya que se consideran mayores de edad.
La jueza Dip Torres subrayó que, a pesar de la percepción pública, las estadísticas no indican una gran cantidad de delitos graves cometidos por menores de edad. Además, destacó la influencia de los adultos en algunos delitos juveniles y cómo se han implementado modificaciones en el código penal para aumentar las penas a los adultos que participan en tales delitos.
En cuanto a la situación en Salta, Dip Torres señaló: «En Salta venimos trabajando bastante bien, no solo en el tratamiento de jóvenes en conflicto, sino también en la prevención del delito en esta franja etaria». La excepción en la detención de jóvenes de 16 a 17 años ha permitido un control más efectivo en toda la provincia en el contexto de los delitos cometidos por jóvenes de esa edad. El Ministerio de Seguridad también ha implementado políticas públicas orientadas a la intervención y prevención de estos casos.
La jueza Dip Torres concluyó la entrevista expresando su confianza en que esta reforma contribuirá a una mayor celeridad en las causas y a la generación de resoluciones más adecuadas para los menores de edad involucrados en el sistema penal.
