Las partes se comprometieron a cesar el conflicto, hasta conocer los informes técnicos sobre la propiedad de la tierra. El 22 habrá audiencia en Iruya.
La fiscal penal Gabriela Dávalos participó en la audiencia fijada con fines conciliatorios en el marco de una causa que tramita el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien dispuso el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas oportunamente. Lo hizo en base a la manifestación y acuerdo de las partes de cesar el conflicto y permitir la continuidad de las obras hasta tanto se cuente con los informes técnicos solicitados a los organismos correspondientes. En ese marco, la fiscal Dávalos informó que todas las actuaciones se encuentran acumuladas en el Legajo de Actuación.
Según consta en el acta firmada este lunes, las partes también acordaron “mantener un buen trato y respeto mutuo para permitir las obras en el lugar”.
El conflicto comenzó cuando se iniciaron obras de construcción de viviendas en tierras cuya titularidad pertenecería a la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero, según sus representantes.
Por su parte, el municipio de Iruya, dice que la cédula catastral indicaría que las tierras están dentro de su jurisdicción.
Los informes periciales que aportarán los organismos pertinentes se analizarán en la nueva audiencia fijada para el 22 del corriente, a las 15, en el Centro Comunitario Finca El Potrero.
