Entre los aplausos y vítores de les militantes de organizaciones sociales que habían rodeado el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó por casi unanimidad un proyecto que prorroga la ley de barrios populares sancionada en 2018.
Así, con 227 votos a favor, 2 en contra – provenientes de Francisco Sánchez (PRO) y Carolina Píparo (Avanza Libertad) – y 3 abstenciones, la iniciativa que busca garantizar la urbanización de los más de 5 mil barrios populares del país obtuvo su media sanción y giró al Senado.
“Es una respuesta para los aproximadamente 5 millones de personas que viven en barrios populares. La ley dicta la emergencia habitacional y social y se continúa con la provisión de los servicios esenciales dentro de los barrios. Además, es muy importante la titularización de las tierras. Es una importante cantidad de personas, esta sería una respuesta que estará a tono con la necesidad que hay en todo el país”, dijo en FM Pacífico Susana Aramayo, militante de los derechos humanos.
El proyecto aprobado ayer incluía algunas modificaciones: incluir más de 1200 barrios populares relevados – llevándolos a más de 5600 – y extender la prohibición de los desalojos por 10 años más.
“Es un proyecto bastante completo y conveniente, creemos que no agota las respuestas ni la necesidad de contar con complejos habitaciones para los que menos tienen, pero es auspicioso que se haya aprobado porque estaba pendiente de caducar la prohibición de los desalojos”, sostuvo Aramayo.
La militante explicó que la provincia debe adherirse a la ley y desde acá van a empujar para que sea una realidad porque en Salta todavía falta que se haga un relevamiento de los barrios populares.
“Creemos que no es suficiente porque en realidad es un paliativo, pero tendría que estar planificada la entrega de las tierras conforme a los censos. Hay que seguir completando con políticas públicas”, manifestó.