El conflicto del Partido Obrero en Salta llegó a la Justicia. La fracción del PO en la que están los dirigentes como Claudio del Plá, Cristina Foffani y Pablo López, denunció a la otra fracción que tiene como dirigente nacional a Jorge Altamira y que en Salta está representado por Violeta Gil y Gabriela Jorge por “usurpación del nombre”. Cristina Foffani estuvo en Radio Pacífico hablando al respecto.
La dirigente denunció que se realizó un Congreso en el que decidieron darles de baja a Pablo López, como tesorero del partido y a ella, como presidenta del Comité Provincial. Este dictamen fue denunciado ante la justicia electoral, que lo anuló debido a que no se le permitió el derecho a la defensa y que no se convocó a ninguno de los integrantes a debatir en el congreso.
“Como esta gente sabía que la justicia iba a anular ese dictamen, en ese mismo congreso, formaron un tribunal de disciplina, con todos militantes de su facción y están tratando de expulsarnos del Partido Obrero”, comentó Foffani.
La denuncia que hacen desde el lado de Foffani, López y del Plá, es que esta facción del Partido Obrero se ha quedado con su personería jurídica y que “quieren estafar a la población haciéndose con los votos del PO en las elecciones, presentándose con nuestro nombre y nuestra boleta, cuando tienen otras posiciones políticas”.
“Hemos presentado en la Justicia para que cese el uso indebido de nuestro nombre y lógicamente no nos vamos a quedar quietos. Vamos a sacar una nueva personería jurídica hasta que recuperemos nuestro nombre”, aseguró.
La dirigente habló también del panorama político en Salta. “El Concejo Deliberante no ha actuado estos últimos dos años. De los 21, 17 son saenzistas y están cumpliendo con los pedidos del gobierno. La gente votó a Bettina Romero pensando que finalmente se iba a terminar con esta política del vaciamiento de la Municipalidad para seguir sosteniendo a un grupo de empresas contratistas”, expresó.
Por último, al ser consultada por la candidatura a diputado del hermano de la intendenta, Foffani dijo que “es un desastre porque hay que acordarse de que este tipo fue denunciado como parte de una asociación ilícita que se armó entre su inmobiliaria y el romerismo, y se quedaron con las 90 hectáreas de La Ciénaga. Estamos en manos de una facción que es una unidad de negocios que es el romerismo que se viene apropiando de fondos públicos”.