Tras ocho años de espera, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, culpó al accionar del Estado argentino en el juicio por la expropiación del 51% de YPF. El Estado deberá desembolsar entre US$3.500 millones y US$17.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes compraron el derecho a litigio.
En este contexto, el senador nacional salteño Juan Carlos Romero fue el único que votó en contra del proyecto de ley que establecía la reestatización de la petrolera que estaba en manos de Repsol (51% de las acciones, que son las que se expropiaron) y otros socios entre ellos dos firmas del Grupo Petersen.
“Yo voté en contra, no por el hecho de que quisiera que siga siendo privada, sino porque sabía que el procedimiento no era el adecuado ni correcto desde el punto de vista de cómo son las relaciones de las empresas. El kirchnerismo quiso hacer esa épica revolucionaria de quitarle las cosas a la gente y eso hoy nos va a costar miles de millones de dólares”, dijo en FM Pacífico Romero.
El senador explicó que en la sesión él propuso que en vez de estatizar la empresa, se compren acciones en la bolsa, que sería la forma correcta de hacerlo. La compra de las acciones habría resultado una salida sin riesgo de judicialización ni de perjuicio económico.
“No se puede gobernar rompiendo contratos o hacer lo que hacía el gobierno anterior en Salta de quitar y no pagar. No se puede ser tan irresponsable porque las consecuencias la pagan los argentinos. Hay que hacer las cosas como se debe, no inventar cosas raras”, sostuvo.