La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke pidió la elevación a juicio de la causa que investiga al Intendente de Rosario de la Frontera por la causa que está imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho. Mariano San Millán, integrante de la Auditoría General de la Provincia, quien fue el que dio a conocer lo que estaba pasando con Solís, habló en Radio Pacífico.
“Cuando empezamos la auditoría hace un buen tiempo empezamos a ver bastantes anomalías. Nos llevó mucho tiempo porque no nos brindaban toda la información que requeríamos. En medio de la pandemia lo intimamos vía electrónica y nos mandaron toda la información. 3 días después hicimos la presentación ante la fiscalía de derechos económicos complejos porque, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de informar si detectamos un posible delito”, contó.
El auditor comentó que la primera anomalía que vieron fueron las facturas apócrifas. “Las facturas tenían el mismo número, pero con importes diferentes. Además, hay muchísimas contrataciones directas, se olvidaron de la ley que los obliga a llamar a licitación”, sostuvo.
Finalmente, San Millán dice creer que el lavado de dinero del que habla la fiscal Simesen de Bielke es “por la cantidad de cheques que la municipalidad entregaba con montos inferiores a los $50.000 para poder cobrarlos directamente por caja”.