Los convencionales constituyentes aprobaron la extensión del plazo para la tarea reformadora, que originalmente estaba previsto para fines de este mes y finalmente se estableció que la Reforma Constitucional quedará por finalizada el 20 de diciembre del 2021. A través de la Ley 8.239, que declaró la necesidad de la reforma, se estableció una duración de 60 días, a partir de la constitución de la asamblea, para terminar con la tarea.
Ricardo Gómez Diez y Omar Carranza, abogados constitucionalistas, fueron invitados a participar de dos comisiones: la de Régimen Municipal y la de Poder Judicial. “Yo creo que están en una etapa positiva que es escuchar opiniones de distintos sectores de la sociedad”, dijo Gómez Diez en Radio Pacífico.
Acerca de la reelección del gobernador e intendentes aseguró que “hay un amplísimo consenso en la necesidad de limitarla” porque en un tercer mandato se pierde la capacidad de iniciativa y la frescura.
Por otro lado, tanto Gómez Diez como Carranza estuvieron de acuerdo en que no se debe aumentar la cantidad de concejales dada la situación económica que atraviesa la provincia. “Creo que hay que ser prudente en el gasto público y en el número de cargos políticos, sería un muy mal mensaje a la sociedad. Estamos en un momento de crisis económica y crear más cargos políticos no es bueno”, manifestó.
También se mostró en desacuerdo de la renovación por mitades de los Concejos Deliberantes porque no se respeta el sistema de representación proporcional que posibilidad que en la distribución de los cargos de concejales estén representadas las diversas fuerzas políticas.
“Acá hay dos caminos posibles, uno es mantener las cosas como están, el otro es elegir intendente y la totalidad del Concejo Deliberante cada 4 años, es decir eliminar la elección intermedia”, explicó.
Por último, Gómez Diez dio su opinión sobre la reelección de los jueces de la Corte de Justicia. “Es insostenible la reelección de jueces de Corte porque la reelección depende del gobernador y eso los hace dependientes del poder político. Es muy difícil hablar de independencia judicial en esas condiciones. Yo me inclino que debe durar el mandato entre 12 y 15 años y subir el límite de edad a 50 años. Hay que buscar que lleguen a la Corte personas que han ejercido la profesión y tienen toda una trayectoria”, explicó el abogado.