En redes sociales, vecinos de la ciudad de Salta realizaron una convocatoria a manifestarse en el Centro Cívico Municipal la semana pasada ante el aumento superior al 100% para los impuestos municipales visualizado en las facturas de EDESA.
El principal motivo de la movilización es el incremento a la tasa tributaria que se visualizó en las facturas de EDESA del mes de enero, donde señalaron que el aumento es “entre el 100 y el 1000% en cada caso”.
“Para mí claramente es un impuestazo. Se realizó un aumento del 77% y en el mes de julio se va a realizar otro de 30%. Pero no solo se aumentó el valor de la unidad tributaria, sino que en algunos impuestos se aumentaron la cantidad de unidades tributarias. Entonces no hablamos de un aumento del 77%, sino mucho más elevado. Hay impuestos que aumentaron más del 100%”, dijo en FM Pacífico la concejal del PRO Agustina Álvarez.
Álvarez fue una de los concejales que votaron en contra de este aumento porque consideraron que no correspondía y “no era el momento de realizarlo”, sin embargo la mayoría de los concejales votaron a favor por eso fue que el aumento finalmente se hizo efectivo.
Por otro lado, la edil opinó sobre las fotomultas que el ejecutivo municipal quiere instalar y para lo que hizo una licitación que, según denuncian concejales, “fue una puesta en escena porque la ganó la empresa que pertenece al hijo del presidente de CECAITRA”.
“El tema de las fotomultas es muy cuestionado por la gestión anterior porque el modo de contratación no era correcto. Sabemos que este sistema funciona en distintos puntos del país y tiene un objetivo más recaudatorio que preventivo. Si bien desde el Concejo Deliberante no podemos cuestionar la contratación de una empresa, si podeos trabajar en ordenanzas que garantice que esto sea preventivo y no recaudatorio. Creo que se trata también de ordenar el tránsito, poner más cantidad de semáforos, controles policiales, realizar campañas de concientización”, indicó.
Otro de los temas que habló la concejal Álvarez en FM Pacífico fue sobre la ordenanza de la que ella es autora que busca prohibir que en las propagandas políticas del municipio no salgan fotos ni nombres de las autoridades.
“Esto avanzó, pasó por todas las instancias y ya entró en vigencia en noviembre, sin embargo sigue sucediendo. Lo que prohíbe es que cualquier funcionario municipal ponga su cara o nombre en carteles, edificios, vehículos. El objetivo de esto es disminuir el gasto porque muchas veces los funcionarios aprovechan que tienen las arcas municipales y con la excusa de informar a los ciudadanos ponen su cara y su nombre”, explicó.
La concejal expresó que desde mediados del año pasado hasta ahora se multiplicaron los carteles con imágenes de la intendenta Bettina Romero y que el año pasado esto habría costado entre un millón y un millón y medio de pesos.
“Lamentablemente la colocación de un cartel termina generando disminución de dinero para otras necesidades del municipio y la verdad que con todas las cosas que hace falta en la ciudad es una falta de respeto”, dijo Agustina.
