En una entrevista con FM Pacífico, Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, ofreció sus opiniones sobre la decisión unánime de la Corte Suprema de Argentina de ordenar la salida de la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, debido a que ha cumplido 75 años.
Piedecasas comenzó la entrevista destacando la importancia de la decisión de la Corte Suprema, afirmando que «ha puesto certeza y seguridad jurídica a esta situación que se había planteado». Agregó que la resolución es trascendental desde una perspectiva institucional y que ahora el Consejo de la Magistratura deberá llevar a cabo un proceso de selección para llenar la vacante.
En cuanto a la interpretación de la cláusula constitucional que establece la jubilación obligatoria de los jueces a los 75 años, Piedecasas enfatizó: «Yo lo que he sostenido es que la cláusula constitucional es directamente operativa. El día que la magistrada cumplió años, si no se había logrado la designación con pleno acuerdo del Senado, la caducidad era de manera automática y nosotros deberíamos concursar la vacante, esa era mi interpretación».
El entrevistado también mencionó que no es inédito que los jueces se atrincheren en sus despachos en situaciones similares, y que esta cuestión se ha resuelto de manera consistente en el pasado. Al cumplir los 75 años sin un nuevo nombramiento, la caducidad es de pleno derecho y se produce la vacante.
Uno de los puntos destacados de la conversación fue el cambio de criterio de la Corte Suprema con respecto al precedente Schiffrin en 2017, donde sentó las bases de que esta cláusula constitucional es directamente operativa. Este cambio de enfoque ha sido objeto de debate en la comunidad jurídica.
En respuesta a las críticas al fallo de la Corte, Miguel Piedecasas defendió la decisión, argumentando que «la Corte es la cabeza del poder judicial y tiene la obligación ante estos casos». Además, señaló que la Corte había sido notificada por la Cámara de Casación Penal, por lo que considera que la Corte actuó de manera correcta al tomar esta decisión. En su opinión, la resolución de la Corte ha proporcionado certidumbre y seguridad en una situación complicada, y no cree que pueda considerarse una conducta reprochable por parte de la Corte y sus miembros.
